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Córdoba -Política

Crisis Hídrica y Shock social

La catástrofe hídrica producida en Córdoba entre octubre y noviembre del 2009, y el uso de la misma para elevar las macro ganancias del grupo Suez - Roggio, retrata groseramente aquello que Naomi Klein describiera como “la doctrina del Shock”.


2009-12-03 -
Por Gustavo Spedale*

“...Así funciona la doctrina del shock: el desastre original – llámese golpe, ataque terrorista, colapso del mercado, guerra, tsunami o huracán, lleva a la población de un país a un estado de shock colectivo."
“... las sociedades en estado de shock a menudo renuncian a valores que de otro modo defenderían con entereza...”
“...la doctrina del shock, es una filosofía de poder sobre cómo lograr sus propios objetivos políticos y económicos, que sostiene que la mejor manera, la mejor oportunidad, para imponer ideas radicales de libre-mercado es en el período subsiguiente después de un gran choque. Ahora bien, ese choque podría ser una catástrofe económica. Podría ser un desastre natural...”
Naomi Klein “la doctrina del Shock”

Mientras numerosos pueblos del interior provincial en las Sierras Chicas, Punilla, Calamuchita y el Norte cordobés clamaban por una gota de agua, Suez – Roggio (Aguas Cordobesas) y el gobierno de Córdoba montaban una gigantesca campaña mediática, culpabilizando a los cordobeses de la capital, de ser hiperconsumidores compulsivos de 400 lts. de agua por día/persona y responsables de lo que denominaron “crisis hídrica provincial”.

Al ritmo que “su crisis instalada” y la otra, la real, adquiría ribetes de tragedia en gran parte del territorio provincial; sin compasión los medios de desinformación capitalizaban para su proyecto imágenes, audios y relatos de personas desesperadas por sed o sitiadas por los incendios en el interior provincial, que clamaban por las lluvias ausentes. Este juego macabro, diluía la complicidad manifiesta del gobernador Schiaretti y las responsabilidades de los pool sojeros e inmobiliarios en la desertificación de mas de 5 millones y medias de hectáreas, botín de guerra para la campaña de siembra 2009-2010 del monocultivo de soja transgénica y el desordenado avance inmobiliario que transformo Córdoba en ventoso y erosionado desierto, producto de haber talado e incendiado intencionalmente mas del 97% del bosque nativo, hiriendo de muerte el ciclo natural del agua y el delicado sistema hídrico de la región semiárida de Córdoba que tras años de agresiones dijo basta.

Otra clave de la puesta de escena mediática, fue la aparición repentina de un “comité de emergencia”, liderado por la inefable comunicadora de Aguas Cordobesas (Suez Roggio) Marcela Dávila, y sus letanías de marketing empresario memorizado, acusando a los “clientes derrochones” (por los usuarios de la capital).

El obediente comité, controlado por Aguas Cordobesas, también lo integraron el ERSEP (órgano de descontrol de las privatizadas), la Municipalidad de Córdoba (en proceso judicial por contaminar el Rio Suquia y arrojar líquidos cloacales sin tratamiento) y la ex DIPAS (des jerarquizada a inservible subdirección). Su primera decisión fue otorgarle todo el poder a Aguas Cordobesas para determinar los consumos domiciliarios excesivos de la capital; así ungida como arbitro de la crisis hídrica, el rostro de la comunicadora Dávila, desde la pantalla de televisión, diariamente nos informa de su cruzada contra el derroche, con sus recetas de lavado de dientes, o ahorros en el inodoro o la ducha, para que bajemos de los 400 litros por persona que dicen consumimos, a los 250 litros por cápita que Roggio - Suez, dicen es el consumo ideal.

Otra maniobra urdidas, fue la creación de una especie de “comando inquisidor del agua”, compuestos por 12 inspectores de Aguas Cordobesas Suez Roggio) y la municipalidad, bajo la cobertura legal del ERSEP (que debería controlar a AC, no a los usuarios), luego de inspeccionar 84 barrios, entre las 6 y las 24 horas durante 4 días, los sabuesos solo encontraron 25 “derrochadores” entre las 450.000 conexiones de A. C.

Lo que no dicen los inquisidores del agua:

• Aguas Cordobesas no paga el agua que nos vende, ya que el gobierno les regala nuestra agua de los diques San Roque y Los Molinos, sin que paguen un centavo de cannon.
• El mayor derroche de agua tratada lo produce Aguas Cordobesas, que nunca remplazo cañería de red obsoleta, que hoy son un verdadero colador y tienen un derroche del 30%. (porcentaje de perdidas aceptado en ciudades que no realizan balance hídrico como el caso Córdoba)
• Desde la planta potabilizadora Los Molinos (Sur de la ciudad), salen 2.000 litros por segundo de los cuales se pierden 600 litros/segundo o sea 2.160.000 litros en una hora.
• De la planta potabilizadora Suquia (Norte de la ciudad) salen 5000 litros/seg. y en el camino a los domicilios se pierden 1.500 litros por segundos, es decir 5.400.000 litros por hora.

Según el informe presentado por A. C. y la consultora privada de Suez, JVP en algunos meses del año 2008, Aguas Cordobesas declara mas de diez roturas de cañerías de diverso diámetros, con promedios de nueve horas diarias de derroches en caños de envergadura, lo que significa millones y millones de litros de agua derrochada por día y sin control, dado que el insumo agua les sale gratis.

Solo basta verificar información periodística del 11/ 11/2009 en días de plena “crisis hídrica” cuando los sabuesos de Suez – Roggio estaban en plena faena de detectar “derrochones”, verdaderos ríos de Agua salían de un caño roto que permaneció por mas de 20 horas en calle José Superi de barrio Sargento Cabral, inundando varias cuadras del barrio; el día anterior otro verdadero río de agua corría por las calles de villa Páez durante muchas horas, en la calle Los Ticos, otro caudal de agua brotaba desde otra rotura de red.

Al tiempo que el ERSEP anunciaba las sanciones y colocación de medidores a los derrochadores, el 23/11/2009, el Polo Sanitario en Bajada Pucará, se transformaba en cauce de una gran correntada de agua desperdiciada por un caño que privo de agua durante muchas horas al hospital de Niños y al San Roque.

Los canales de Cordoba otra fuente de derroche

• Los dos ultra contaminados canales, Norte y Sur, destinados al riego del cinturón verde de la ciudad nacen en el Dique Mal Paso, aguas abajo de la Calera, fueron construidos hace mas de 100 años y pierden en su trayecto el 50% del agua que conducen por infiltración y evaporación, además de regar al igual que 100 años atrás por el método de inundación, donde se pierden otro gran porcentaje de agua en las 6.000 hectáreas que riegan estos canales.

• Cuatro mil hectáreas más son regadas por este método de alto derroche (inundación) desde el canal los Molinos Córdoba en un sector sur de la capital que de “cinturón verde” se va transformando en “sojizado desierto verde”.

Obras faraónicas

El shock de la “crisis hídrica”, encontró a los gobernadores Schiaretti (Córdoba) y Binner (Santa Fe) de gira por Malasia, cerrando negociados del plan IIRSA para la llamada “Región Centro” y rápidamente sacaron provecho de la tragedia, anunciando la más traumática de las soluciones, el trasvasamientos de cuencas por el acueducto Santa Fe – Córdoba, que deberá superar más de 500 kmts. de distancia y mas de 500 mts. de altura en contra pendiente, con el objetivo subyacente de favorecer la agroindustria transnacional y el exigente regadío de monocultivos de granos transgénicos en las áreas mas productivas de las dos provincias.

Estas obras faraónicas (trasvasamientos), fracasaron en varias partes del mundo por el impacto ambiental y social que producen, a la vez que demostraron ser ineficaces para suplir la falta de agua en periodos de sequía, afectando tanto la cuenca donante como a la receptora y produciendo graves conflictos entre regiones, además de profundos daños en los ecosistemas hídricos.
Fracasos anunciados como el todavía no inaugurado trasvasamiento del dique en extinción y ultracontaminado San Roque (la Calera) a la cuenca de Rio Ceballos (dique La Quebrada casi extinguido), no presagian que los trasvasamientos de Schiaretti y Binner sean soluciones para el agua de consumo humano, y solo se perfilan como negocios para los Pools sojeros y las empresas contratistas de obra publica.

Estado de las reservas de agua: dique la quebrada en Rio Ceballos y San Roque Carlos Paz

El gobernador aprovechando la tragedia, también arremetió en la defensa del parchado canal de riego a cielo abierto (no acueducto) “Los Molinos Córdoba” destruido por déficits constructivos estructurales, ocasionados por la empresa Roggio que construyo para riego este antiguo trasvase de la cuenca del Xanaes a la cuenca del Suquia.
Continuando con sus promesas de crisis, el gobernador aseguro que duplicaría el caudal con un crédito de la Corporación Andina de Fomento (CAF) una de las Instituciones Financieras Internacionales (IFIS) que financian el plan de saqueo de la Integración de la infraestructura regional Suramericana (IIRSA) Pero lo grave de este canal a cielo abierto es que atraviesa 64 km. entre miles de hectáreas de campos de soja transgénica, actuando como receptáculo de miles de litros de agrotóxicos que luego ingieren los 360 mil cordobeses que viven en la zona sur y consumen agua de La planta Los Molinos, sin que la justicia se expida sobre la denuncia penal por envenenamiento, presentada por numerosos vecinos e impulsada por la CCODAV. Pareciera que a la justicia y autoridades, les basta la palabra de Marcela Dávila de Agua Cordobesas, por lo que se deberían hacer cargo junto a directivos de la empresa, gobernadores, intendentes y funcionarios por las muertes, enfermedades y malformaciones que se pudieron producir en mas de doce años de venenosa impunidad, dado que el gobierno provincial, disolvió los laboratorios de la DIPAS, otorgando licencia para que Aguas Cordobesas se controle así mismo o por su propia consultora privada llamada JVP, que anualmente presenta un informe al ERSEP que nadie lee, ya que sus análisis carecen de todo tipo de seriedad .

Otra causal de la crisis hídrica es el “vaciamiento del lago San Roque” rebajándole la cota en 2,30 metros, para favorecer emprendimientos inmobiliarios en el propio lecho del lago, como puerto San Roque y otros, ya que desalojaron en tiempo de acumulación por lluvias 60 Hm3 de agua y dado que 1 Hm3.; equivale a 1.000.000 de m3 y a 1.000.000.000 de litros. Con el agua que se tiro al cauce del Rio Suquia, se podría haber llenado más de 10 veces el dique de Río Ceballos que embalsa solo 3 Hm3, que hoy serian imprescindible para el sistema.

Una vez que consideraron que los cordobeses ya ingresamos al “estado del shock” y lluvias mediantes, emergieron las intenciones del gobierno provincial y la empresa, que no son otras que los cordobeses paguemos la “indemnización” acordada entre Schiaretti y la transnacional Suez-AGBAR, propietaria del 10% de las acciones y operadora oficial de Aguas Cordobesas, que por la addenda (agregado) al contrato de renovación de concesión en el 2006, debería retirarse en enero del 2010, dejando a cargo el negociado de la privatización del agua a su controlada Roggio.

A balas y palos, la ley (addenda) de la estafa de Suez Roggio

Esta son las razones del show instalado con las teatralizaciones de multas a los countries, prohibiciones de llenado de piletas, cepos y disminuciones de presión, para que emerja de forma natural y con licencia social en la población “shockeada” el verdadero negociado: la colocación de 100.000 medidores y la renovación de 150.000 conexiones a cargo de los usuarios a un precio entre $ 600 a $ 800 por unidad (según Enrique Sargiotti, director de Aguas Cordobesas). De esta manera se habilita el cobro de los 25 m3 libres (25.000 litros) sobre los 100.000 medidores nuevos y los cargos por excedentes que nunca pudieron aplicar y rigen tramposamente desde abril del 2008, el resultado serán los pagos adicionales por excesos: 65 centavos el m3 para quien consuma entre 25 y 35 m3 al mes; 82 centavos para el escalón que va de 35 a 45 m3; 1,11 centavos para el rango de 45 a 55 m3 y por encima de 55 m3, 1,49 centavos .
Otras normas del “comité inquisidor” es reinstalar conexiones y medidores que hayan cumplido 7 años de instalados todo a cargo del usuario. También se suma el tarifazo en plena crisis hídrica del 15%, adicionado al 60% otorgado desde enero del 2008, con lo que el saqueo de Suez Roggio autorizado por el gobierno cordobés adquiere un giro exponencial en sus ganancias desde el próximo enero.
El verdadero padre de la criatura de estas operatorias de shock social y políticas de saqueo aplicadas por los gobiernos “clientes” de Córdoba, son dictados por la consultora transnacional Price Waterhouse Coopers, que aplica las mismas recetas neoliberales en países y regiones, donde las resacas de gobiernos neoliberales ortodoxos, conservan a fuerza de represión y corrupción los intereses de la transnacional Suez y sus empresas controladas.

Con la aplicación de las medidas derivadas del shock instalado, continuará la crisis hídrica definitivamente instalada en el territorio provincial, los planes emergentes del shock no contemplan ninguna de la acciones y obras necesarias al menos para paliar la crisis real y solo aspiran a encubrir las acciones de la Suez-Roggio y multiplicar el saqueo con la instalación de medidores y renovación de conexiones en la capital, además de las obras para favorecer la industria agro exportadora (acueducto Paraná Córdoba), agravando la situación territorial de las áreas que no son rentables ni a Suez-Roggio ni a las transnacionales sojeras y que con la llegada de las lluvias dejaron de ser noticia.

Movilización de la CCODAV en medio de la crisis hídrica

A pesar del optimismo puesto por el gobierno y la empresa Suez Roggio en sus políticas de Shock neoliberales, el pueblo continua organizándose para dar las batallas necesarias y expulsar a los saqueadores.La crisis, trasunto en mayor organización popular y visibilizo con mayor claridad los caminos de la resistencia a la ofensiva, surgiendo vecinos organizados que están tomando en sus manos el destino de sus cuencas y atacando el problema en origen, como también aquellos que se organizan y por trabajo comunitario toman en sus manos la conexión a las redes publicas, recreando las practicas de construcción de poder popular.Córdoba se prepara para resistir a los saqueos de medidores y tarifazos en el 2010 y para recuperar el agua como un derecho de todos los seres vivos e imponer con todas las herramientas populares la construcción de una empresa pública de aguas y cloacas, integrada en todo el territorio, desde las cuencas y fuentes hasta la depuración de las aguas residuales, además de comunitaria, bajo gestión y control de usuarios y trabajadores.

*gustavospe@gmail.comCoordinadora Córdoba en Defensa del Agua y la Vida (CCODAV)coordinadoraagua@gmail.com
Fotografía: archivo Prensared
Notas:
[1] http://www.diaadia.com.ar/?q=content/solo-agarraron-25-con-la-manguera-en-la-mano-0[2] http://www.diaadia.com.ar/?q=content/sequia-en-cordoba-derroche-de-agua-en-el-marques-6&pageimg=3[3] http://cadena3.com.ar/post_ampliado.asp?programacion=Secci%F3n%20del%20Portal&sector=42&post=42487[4] http://www.lavoz.com.ar/nota.asp?Inicio=11&Pagina=13&nota_id=567145[5] http://www.lavoz.com.ar/nota.asp?nota_id=566514[6]http://www.cadena3.com/contenido/2009/11/05/41396.asp[7] http://www.lavoz.com.ar/nota.asp?Inicio=1&Pagina=3&nota_id=5381638http://www.lavoz.com.ar/nota.asp?nota_id=512139[9] http://www.lavoz.com.ar/Nota.asp?nota_id=435148&high=aguas%20dijo%20touri%F1o[10] http://www.lavoz.com.ar/09/11/05/secciones/sociedad/nota.asp?nota_id=565071[11] http://www.lainfosemanal.com.ar/new/index.php/sociedad/36-sociedad/1698-la-provincia-quiere-medidores-para-todos.html

Coordinadora Córdoba en Defensa del Agua y la Vida (C.CO.D.A.V.)
Nos encontramos todos los martes.20 hs.en Asociacion Trabajadores del Estado( ATE) - Entre Rios 450. Córdoba Capitalcoordinadoraagua@gmail.comwww.tinkuyaku.orghttp://ccodav.blogspot.com/www.prensared.com.ar

Colombia

kaosenlared.net
2-12-09


Colombia: Nariño - Esquina suroccidental del conflicto

Nariño es un escenario donde con mayor grado actualmente se presenta la confrontación armada, el desplazamiento forzado y el aislamiento poblacional, configurándose una grave crisis humanitaria

Freddy Ordóñez Agencia Prensa Rural 2-12-2009 a las 20:01 231 lecturas
www.kaosenlared.net/noticia/colombia-narino-esquina-suroccidental-conflicto


Recientemente el país ha volteado la mirada a la esquina suroccidental de nuestro territorio, a los departamentos de Cauca y Nariño. El desarrollo de la confrontación armada en estos departamentos se volvió noticia, y ha generado un gran interés en el año. En el caso de Nariño, departamento objeto de este análisis, a partir del asesinato de ocho indígenas awá, a manos de las FARC a principios del 2009. Posteriormente, en otro hecho, fueron asesinadas seis personas en el área rural del municipio de Tumaco. Al parecer los responsables del crimen serían integrantes de grupos paramilitares que operan en la región. Este hecho igualmente atroz no recibió el cubrimiento ni el despliegue mediático que suscitó el anteriormente reseñado, cubrimiento que sí obtuvo la reciente quema de un bus a manos del grupo insurgente en Ricaurte, donde fallecieron seis civiles. Contrariando este último hecho, diferentes desplazamientos, amenazas, homicidios y confinamientos se han presentado en Nariño a manos de otros grupos armados sin que sean visualizados ni objeto de mayor seguimiento por parte de los medios masivos de comunicación, los cuales terminan sumándose a la versión oficial: los hechos producidos por los grupos armados –diferentes a las FARC- contra civiles son resultado de retaliaciones entre grupos irregulares.

Efectivamente, las reseñas mediáticas hechas sobre la dinámica de la confrontación armada en el departamento han apuntado a indicar que ésta depende y obedece a la dinámica de los cultivos de uso ilícito y del tráfico de estupefacientes, lo que acarrea que el conflicto armado se contemple como dependiente del narcotráfico –o para algunos “narcoterrorismo”– eliminándole componentes sociopolíticos al mismo. Con este enfoque las víctimas de las partes en confrontación pasan de tener esta calidad (de víctimas), a ser simplemente “bajas justificables” (retaliaciones) en una guerra por el control de rutas, cultivos y territorios.
Considero importante, para efectos del análisis de la confrontación armada en Nariño, señalar algunos elementos que pueden dar un panorama más amplio ante tan compleja situación. Estos elementos están relacionados con la precaria situación socioeconómica; la condición geoestratégica departamental; la dinámica del conflicto en otros departamentos y la presencia estatal del gobierno central con un componente fundamentalmente militar y represivo.

La precaria situación socioeconómica

En primer lugar, en lo concerniente a la precaria situación socioeconómica, tenemos que Nariño ha vivido un rezago técnico-científico, industrial y comercial, la pobreza tiene un carácter estructural, como muestra de las precarias condiciones socioeconómicas tenemos:

i) Nariño tiene una participación en el Producto Interno Bruto del 1,72% del total nacional [1], cifra bastante inferior si se compara con otros departamentos de la región andina como Antioquia (14,77%), Boyacá (2,55%), Bogotá DC (26,15%), Cundinamarca (5,39%), Santander (6,01%), y Tolima (2,17%) [2].

ii) La industria y el comercio son en general de tamaño reducido, sobresaliendo la manufactura en cueros y la tala de maderas. Esta falta de tecnificación e industria lleva a que sólo 428.788 personas se encuentran laborando según el DANE [3], que también señaló que Pasto, para el periodo enero – diciembre de 2008, fue una de las tres ciudades metropolitanas, de un total de 13, que registró mayor tasa de desempleo (14,1%), por debajo de Ibagué (19,4%) y Manizales (14,5%) [4].

iii) El 25,9% de la población habitante de las cabeceras municipales presenta Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), mientras que en áreas rurales el porcentaje llega al 59,4, para un total departamental de 43,7%, cifra que entre los departamentos del suroccidente colombiano es bastante elevada y sólo es superada por Cauca con un índice poblacional del 46,4% de NBI. Aunado a estas precarias condiciones se tiene que el 27,4% de la población se encuentra en situación de miseria [5].

iv) En cuanto a servicios básicos, según el DANE, solamente el 46% de las viviendas censadas tienen todos los servicios: energía, acueducto y alcantarillado. Este porcentaje desciende drásticamente en las áreas rurales (13,5%), donde además el 85,7% de los hogares no tiene servicio de alcantarillado, un 46,8% no cuenta con acueducto y el 94,4% no posee teléfono fijo. Las cifras tampoco son gratificantes en cuanto a la alimentación, pues mientras el promedio nacional de desnutrición es del 13,5%, en Nariño prevalece la desnutrición crónica con un 24,5% [6].
Sumado a lo anterior habría que referirse a las ruinas dejadas por el desastroso huracán del fenómeno de las pirámides, las cuales en el departamento, según señala el mismo gobernador, Antonio Navarro, recaudaron $400 mil millones. En los 25 municipios más importantes del departamento operaron 27 captadoras de dinero, que llegaron a tener hasta 89 oficinas. DRFE, tal vez la más importante que operó en Nariño, llegó a operar en 29 sucursales. En el departamento el 65% de las familias habría invertido en pirámides, y en Pasto el porcentaje fue de 85%.La ubicación geoestratégica del departamento

Como un segundo punto, tenemos la ubicación geoestratégica del departamento, la cual ha hecho que su control sea objetivo de los diferentes grupos armados. Los actores armados que se encuentran en Nariño son además de las estatales (FFMM y la Policía Nacional), los grupos guerrilleros FARC-EP (Frentes 29, 8, 63 y 2) y ELN (Columnas Comuneros del Sur, Mártires de Barbacoa y Héroes de Sindagua); los grupos reconstituidos de paramilitares [7]: Organización Nueva Generación, Águilas Negras, Recomposición Paramilitar y Autodefensas Campesinas de Nariño; y las estructuras armadas del narcotráfico Los Rastrojos y Los Machos.

Es evidente que la posición geográfica del departamento hace que el control territorial actualmente sea disputado entre las diferentes partes en confrontación (guerrillas, Fuerzas Militares, paramilitares) y los grupos armados vinculados al narcotráfico, ya que el territorio nariñense permite el cultivo de coca y amapola, así como la implementación de laboratorios para el procesamiento de sus productos; el tráfico de precursores para el perfeccionamiento de alcaloides, y la salida al exterior de los mismos; el tráfico de municiones y armas; el uso de la zona de frontera como retaguardia estratégica y centro de abastecimiento de grupos insurgentes; y el monitoreo de los movimientos del Ecuador, país cuyo gobierno es de tendencia política diferente a la de Colombia y visto como uno de los opositores a los planes norteamericanos para Suramérica, entre otras razones que pueden llegar a tener algún tipo de peso o importancia para cada uno de los diferentes grupos armados, de acuerdo con sus intereses.

En este orden de ideas tenemos que el tema del narcotráfico, en efecto, está muy ligado a la dinámica de la confrontación y a la crisis humanitaria regional, aunque no las determina. Desde finales de los 90 se presentan en el departamento cultivos de uso ilícito, los cuales experimentaron desde el 2000 un crecimiento significativo, esto directamente relacionado con la consolidación territorial realizada por las AUC en diferentes subregiones. La extensión de los cultivos de uso ilícito llevó a que Nariño ocupara en el 2005 el segundo lugar (después del Meta) entre los departamentos con mayor cantidad de hectáreas sembradas, hallándose cultivos de coca en 21 municipios y de amapola en 20 [8]. En el 2007 Nariño ocupa el primer lugar, con 20.259 hectáreas. Tumaco es el segundo municipio de Colombia con área de cultivo, equivalente al 5,2% nacional [9]. Las hectáreas sembradas con coca fácilmente pueden llegar en el departamento a pasar las 30 mil, a pesar de que, entre los años 2002 y 2007, se fumigaron 239.948 hectáreas, siendo el departamento más fumigado del país, y que entre los años 2004 y 2007 se erradicaron manualmente 27.379 hectáreas [10].

Con el establecimiento de los cultivos de uso ilícito, los diferentes grupos se han disputado el control sobre las áreas sembradas, los obreros de la hoja de coca, los centros de acopio y distribución, los insumos químicos y los circuitos de procesamiento y comercialización del alcaloide.

La confrontación ha tenido en el departamento como principales escenarios:
Las vías fluviales que comunican el suroccidente del país con la Costa Pacífica y la frontera con la república de Ecuador;
La subregión de la cordillera con el piedemonte costero;
El oriente nariñense y Putumayo con la salida al Pacífico [11].

La dinámica alcanzada por el conflicto en otros departamentos

El tercer elemento es la dinámica alcanzada por el conflicto en otros departamentos. “Tales como el incremento en la lucha antinarcóticos en el departamento del Putumayo, o el fortalecimiento de la presencia de grupos de autodefensa en el sur del departamento del Cauca, tanto en el litoral como en la zona cordillerana de El Tambo y El Patía, o incluso las disputas registradas en el sur del Chocó y en la costa Pacífica del departamento del Valle” [12].
Por ejemplo en el Chocó, la dinámica ha apuntado de años atrás a la disputa de territorios de titulación colectiva, en los que se presenta la implementación de cultivos agroindustriales (palma aceitera y caucho), así como cultivos de coca y de amapola, lo que se traduce en amenazas a población campesina, afrodescendiente e indígena que ha debido desplazarse hacia otras zonas del Pacífico colombiano, como es el departamento de Nariño, que también ha recogido el impacto de la confrontación en otras zonas del Pacífico, como es el municipio de Buenaventura en el Valle del Cauca.

La implementación de los programas de erradicación de cultivos de coca en Putumayo trajo consigo el incremento de las hectáreas de coca y amapola en el departamento, aunado a esto se presenta la recepción de pobladores que salen desplazados del vecino departamento, principalmente a causa de las fumigaciones.

La presencia estatal con un enfoque fundamentalmente militar y represivo
Finalmente, en cuarto lugar, tenemos la presencia estatal con un enfoque fundamentalmente militar y represivo. El Gobierno, en el marco de la política de “seguridad democrática”, a partir del desarrollo del Plan Patriota en Putumayo y de la securitización de los asuntos fronterizos ha aumentado el pie de fuerza en el departamento, con el fin de restarle territorios a la insurgencia, que progresivamente se fue trasladando desde Putumayo hacia Nariño.
Por otra parte, la militarización también ha tenido origen en el asegurar la realización de diferentes proyectos de integración comercial, infraestructural y vial regional, que tienen componentes a desarrollar en el Pacífico y la Amazonia colombiana. Estos proyectos forman parte de la llamada “Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA)” y están contemplados dentro del “Programa Corredores Arteriales Complementarios de Competitividad Plan Decenal 2007-2016”, e incluyen el desarrollo de la carretera Pasto – Mocoa y el Sistema Portuario Tumaco, como parte de procesos de revalorización espacial a partir de las políticas de estado que buscan insertar la cuenca Pacífica al desarrollo regional e internacional, rompiendo el sentido de colectividad en los pueblos indígenas y afrodescendientes, las prácticas tradicionales de reproducción y los procesos de asociación comunitarios.
Los operativos militares desarrollados por la Fuerza Pública, han contenido enfrentamientos con grupos ilegales, en escenarios donde tiene presencia la población civil, presentándose daño y destrucción de sus bienes, desplazamientos, confinamientos; así como acciones de retaliación, amenazas y asesinatos por parte de los actores ilegales.
Los enfrentamientos y la disputa por el dominio territorial han traído el incremento de la persecución a líderes de las organizaciones sociales, comunitarias, de población desplazada y defensoras de derechos humanos, especialmente de población afrodescendiente e indígena.
Estos elementos referidos permiten tener un panorama de observación más amplio a la hora de abordar la dinámica de la confrontación, del desplazamiento forzado y del confinamiento poblacional.Dinámica de la confrontación y el desplazamiento forzado.

Con anterioridad a la desmovilización del Frente Libertadores del Sur de las AUC, la confrontación armada entre este grupo y las guerrillas llevó a que se incrementaran la amenaza y la vulneración de derechos de los pobladores, identificándose al interior del departamento subregiones en las que la población civil resultaba más golpeada por la dinámica de la confrontación, como es el caso del Pacífico nariñense, donde los habitantes han sido víctimas de amenazas, homicidios, desplazamientos y masacres.

A partir del año 2000 el departamento ha reportado un aumento en los homicidios, pasando de una tasa de 30,3 en el 2003 a una tasa de 45,6 en el 2006, superando así la tasa nacional en 8 puntos. Del mismo modo, 24 municipios nariñenses superaron la tasa nacional de homicidios ese mismo año, dándose un incremento en las masacres, así como los homicidios selectivos efectuados mediante sicariato, siendo estos últimos atribuidos a los diferentes actores armados ilegales [13].

Los grupos guerrilleros, principalmente las FARC-EP, buscaban consolidar y expandir el dominio territorial en diferentes regiones, especialmente en cascos urbanos municipales. Las guerrillas frecuentemente se convirtieron en autoridad “de facto”, amenazaban incursionar o se tomaban cabeceras municipales (con el argumento de atacar a la Fuerza Pública presente en sus cascos urbanos), lo que conllevó el desplazamiento forzoso de la población. Estos hechos se presentaron en municipios como Buesaco, Barbacoas y Cumbitara [14].

Desde finales del 2005 los grupos armados ilegales han retomado procedimientos de crueldad y sevicia en sus acciones contra la población civil, especialmente por parte de las nuevas estructuras paramilitares, como son las prácticas de desmembramiento de sus víctimas y la desaparición de cadáveres arrojándolos a los ríos. Este es el caso del municipio Olaya Herrera, donde las autoridades denuncian la ocurrencia del hecho una o dos veces por semana, observándose de dos a tres cadáveres bajar por las aguas del río Sanquianga con rumbo al Pacífico [15].

En lo que respecta al desplazamiento forzado, en el 2006, en zonas de influencia del ELN de la costa nariñense se presentaron desplazamientos individuales y desplazamientos intraveredales que no se registraron. El principal origen de éstos fue el temor a los reclutamientos forzados efectuados por el grupo guerrillero. Las amenazas siguen siendo una de las razones para desplazarse, caso significativo el de Tumaco, municipio que registró dos desplazamientos masivos debido a la llegada de un grupo ilegal que profirió intimidaciones a la comunidad [16].

El accionar de los diferentes grupos armados ilegales y de las Fuerzas Militares llevó a que el desplazamiento forzado tuviese un abrupto crecimiento a partir del 2001. Posteriormente el desarrollo se da de manera exponencial, presentándose el pico más alto en el 2007, con 34.829 desplazados, cifra que fue la mayor a nivel nacional para ese año [17].

Entre los años 1997 y 2008, la cantidad de población desplazada de manera individual supera a la que salió en eventos masivos (81.831 y 33.311 respectivamente). El desplazamiento forzado individual en los últimos tres años ha mantenido una cifra promedio de 16.959 personas. Por otra parte, la mayor suma de población desplazada masivamente se dio en el año 2007 (19.499), como resultado principalmente de diferentes operativos realizados por las FFMM contra la guerrilla en la zona costera.

En cuanto a grupos de edad, la migración forzada, de 1997 a 2008, ha afectado en Nariño principalmente a población entre los 5 y los 14 años, con una participación porcentual del 27,3 presentándose porcentajes mayores a los niveles nacionales en los rangos de edad entre los 5 y los 44 años (excepto en el quinquenio 15 a 19 años).Desplazamiento y despojo de tierras

Los grupos armados ilegales hacen uso del desplazamiento poblacional, en buena parte de Nariño como mecanismo de control territorial y apropiación de la tierra [18]. En municipios del área andina los paramilitares ampliaron su dominio comercial no sólo en esferas de la producción y tráfico de narcóticos, sino también en el comercio de bienes y servicios de tipo “legal”, estableciendo mecanismos contractuales e intermediaciones que financieramente ahogaron al campesinado, quienes ante las deudas contraídas con el grupo, fueron despojados de sus tierras por medio de ventas simuladas o falsas donaciones.

Por otra parte, en territorios colectivos de comunidades afrocolombianas, no sólo las estructuras armadas ilegales han despojado de sus territorios a los pobladores: a estas se han sumado empresas, como las agroindustriales. Ejemplo de esto se da en el municipio de Tumaco, donde:

Un informe de Corponariño publicado en 2007 revela que [a nivel municipal] “en el año 1994 el 91,3% de los predios eran minifundios. En la actualidad se han reducido a 21,7%, puesto que los predios de minifundios fueron negociados para la siembra de palma aceitera y cría de camarón en cautiverio”. Según una investigación realizada por la Diócesis de Quibdó y la organización no gubernamental Human Rights Everywhere (HREV), “el modelo de plantaciones en Tumaco ha supuesto la tala de bosques y el drenaje de los suelos (para sembrar 546 hectáreas de palma aceitera se hicieron 86 kilómetros de drenajes y 11 kilómetros de carreteras); el desplazamiento de campesinos hacia el área urbana de Tumaco; la utilización de sicarios para presionar a los campesinos para que vendieran sus tierras, y una serie de violaciones a los derechos laborales y de asociación” [19].

Confinamiento poblacional

En el otro extremo de la guerra, el confinamiento poblacional en Nariño ha encontrado origen en diferentes medidas efectuadas por los actores armados, principalmente: a) El minado de territorios [20]; b) la prohibición de circulación fluvial o terrestre durante horas o días determinados; c) el control y limitación a las cantidades de víveres, medicamentos, combustibles, vestuario e insumos agrícolas que pueden ser transportadas [21]; y d) la confrontación armada como tal. Del confinamiento han sido principalmente víctimas los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y mestizas, tanto de la costa como de la zona andina y fronteriza.

El caso de los indígenas awá

Un caso especialmente reseñado por la Defensoría del Pueblo es el de la comunidad indígena awá. En agosto de 2008, 18 mujeres pertenecientes a los resguardos Inda Sabaleta e Inda Guacaray, fueron amenazadas por las FARC, por su presunta colaboración con miembros del Ejército Nacional. Los grupos armados presionan a los awá para que les apoyen exclusivamente, construyendo y definiendo liderazgos serviciales. El grado de desamparo estatal vivido por esta comunidad y el escalamiento del conflicto en sus territorios los ha llevado al suicidio: “Como producto de los impactos ocasionados por la confrontación armada, las condiciones de vulnerabilidad estructural y el estado de indefensión del pueblo indígena, se han presentando una serie de suicidios al interior de los resguardos. Desde agosto de 2008 a la fecha, se han suicidado más de 20 jóvenes de ambos sexos” [22].

El 6 de febrero de este año, la Columna Mariscal Antonio José de Sucre de las FARC asesinó a ocho indígenas awá, en Barbacoas (Nariño), por su supuesta colaboración con las Fuerzas Militares. Según el comunicado emitido por el grupo subversivo, los indígenas “realizaban exploraciones, ubicaban a la guerrilla y luego iban las patrullas del Ejército para golpearnos. Individual y luego en colectivo, todos ocho confesaron que desde hacía dos años trabajaban con el Ejército en esa labor” [23].
Por su parte el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos señaló que: “la actitud de la comunidad indígena es de no colaborar con las autoridades que tratan de ir a recuperar los cadáveres (...) vamos a intentar convencerlos de que la política de Seguridad Democrática es para todos los colombianos y que si no colaboran no podremos proteger sus derechos" [24], pronunciamiento que coloca en un riesgo mayor a la comunidad indígena, si se toma en cuenta los reiterados señalamientos en su contra hechos por las FARC.
Por otra parte, el 26 de agosto en el resguardo indígena Gran Rosario del municipio de Tumaco, hombres encapuchados y vestidos de camuflado, asesinaron a 12 indígenas Awá: seis adultos y seis niños, y tres integrantes de la comunidad resultaron heridos. La comunidad denuncia que el objetivo de la masacre era asesinar a una testigo en el homicidio de un indígena ocurrido el 23 de mayo por el Ejército Nacional.

En resumen, Nariño es uno de los escenarios donde con mayor grado actualmente se presenta la confrontación armada, el desplazamiento forzado y el aislamiento poblacional, configurándose una grave crisis humanitaria y de derechos humanos cuya magnitud y elementos son únicos en el país, pero a su vez, son fiel reflejo de la situación vivida en el suroccidente colombiano y en otras zonas de Colombia (específicamente fronterizas y rurales) y por población especialmente vulnerable (afros, mujeres e indígenas) a partir de la profundización y escalamiento de la confrontación, promulgada por el régimen actual, lo que hace urgente salidas políticas a la guerra e inversión real hacia la población económica y humanitariamente vulnerable.

[1] Gobernación de Nariño, http://www.gobernar.gov.co/gobernar/index.php?option=com_content&task=view&id=739&Itemid=190 Fecha de consulta: febrero 9 de 2009.
[2] DANE, http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/pib/departamentales/PIB_TOTAL-Y-PARTICIPACION_2000-2006/PIB_TP_PreciosConstantes_00_06.xls Fecha de Consulta: febrero 11 de 2009. Las cantidades presentadas son a precios constantes de 2000.
[3] DANE, http://www.dane.gov.co/censo/files/libroCenso2005nacional.pdf Fecha de consulta: febrero de 2009. La cifra refiere a la población cuya actividad realizada la semana anterior a ser censados fue trabajar.
[4] DANE, “Principales indicadores del mercado laboral”, diciembre de 2008, En: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_ech_dic08.pdf Fecha de consulta: febrero 11 de 2009.
[5] Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, Diagnóstico departamental Nariño. En: http://www.derechoshumanos.gov.co/observatorio_de_DDHH/departamentos/2007/narino.pdf Fecha de consulta: febrero 9 de 2009.
[6] Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia – Oficina en Colombia, http://www.unicef.org.co/Gobernadores/DEPARTAMENTOS/NARINO/2.pdf Fecha de Consulta: febrero 10 de 2009.
[7] El 30 de julio de 2005, se desmovilizaron 677 hombres del Frente Libertadores del Sur, del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Como pasó en otras regiones del país, la desmovilización “formal” de este grupo no implicó la culminación real del paramilitarismo. El Octavo Informe Trimestral de la MAPP/OEA, con fecha de febrero de 2007, indica la presencia verificada del rearme de estos grupos en el departamento de Nariño, mediante la denominación de Organización Nueva Generación (ONG), que tendría en sus filas 300 hombres. El mismo informe emite una Alerta de Rearme ante la presencia de cien hombres armados que controlarían economías ilícitas en los municipios de Mosquera y Pizarro. Adicional a esto una investigación de la revista Cambio de junio de 2006 señala la presencia de una organización paramilitar llamada “Recomposición Paramilitar”, bajo el mando de antiguos jefes del Bloque Libertadores del Sur, y que tendría incidencia en los municipios Cumbitara, Policarpo, Iscuandé y Maguí. Por otra parte, el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo indica que en Nariño operan, además del grupo autodenominado ONG, otras organizaciones como Mano Negra y las Águilas Negras.
[8] Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES, En los límites del Plan Ecuador, Bogotá, CODHES, 2007. pp. 79 – 80.
[9] Salazar Rogelio, “Colombia, la frontera Sur y la guerra”, en Desde Abajo, Edición No. 144, marzo 17 a abril 17 de 2009. p. 19.
[10] Gobernación de Nariño, Plan de Desarrollo Departamental. p. 34.
[11] Defensoría del Pueblo, Informe de Riesgo No. 065-05 AI, diciembre 28 de 2005.
[12] Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados, ACNUR, Balance de la política pública para la atención integral al desplazamiento forzado en Colombia enero 2004 – abril 2007, Bogotá, ACNUR, 2007. p. 76.
[13] Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, Diagnóstico departamental Nariño, 2007. p. 3.
[14] Defensoría del Pueblo, Alerta Temprana No. 005, enero 22 de 2002; Alerta Temprana No. 018, febrero 13 de 2002; Informe de Riesgo No. 052-03, julio 8 de 2003.
[15] Defensoría del Pueblo, Informe de Riesgo No. 065-05 AI, diciembre 28 de 2005.
[16] Defensoría del Pueblo, Decimocuarto informe del Defensor del Pueblo al Congreso de la República, Bogotá, Imprenta Nacional, 2007. p. 76.
[17] En efecto Nariño en el 2007, con 34.829 desplazados, presentó el mayor número de población expulsada por causa del conflicto entre los departamentos, seguido por Magdalena (29.720), Antioquia (26.292) y Tolima (21.001). Fuente: SIPOD. Fecha de corte: Enero 31 de 2009.
[18] En Nariño se viene presentando, según la Gobernación, una relativa democratización en la propiedad legal de la tierra, pues “la pequeña propiedad rural y la propiedad comunitaria, en su conjunto, representan el 84% del total de hectáreas de la superficie rural del departamento”. Gobernación de Nariño, Plan de Desarrollo Departamental. p. 23. Esta democratización legal contrasta con la tenencia y acceso material a la tierra, ya que según expresaron dirigentes de organizaciones de desplazados, las propiedades de las personas desplazadas se encuentran abandonadas o en otros casos se encuentran en poder de los grupos armados que hacen presencia en las regiones.
[19] Defensoría del Pueblo, Informe de Riesgo No. 029-08 AI, diciembre 4 de 2008.
[20] En cuanto a víctimas de minas antipersona, la Vicepresidencia de la República tiene una relación de 32 civiles muertos y 149 lesionados. Por otra parte, la Campaña colombiana contra minas regional Nariño, señala que entre el 1 de enero de 2005 y el 30 de abril de 2008 se han presentado 107 lesionados y 89 muertos por causa de minas antipersona. Gobernación de Nariño, Plan de Desarrollo Departamental. pp. 33 – 34.
[21] Estas restricciones han sido realizadas por las Autodefensas Campesinas de Nariño, en las cabeceras municipales de Francisco Pizarro y Mosquera, así como en las riveras de los ríos Patía, Satinga y Sanquianga. Defensoría del Pueblo, Informe de Riesgo No. 029-08 AI, diciembre 4 de 2008.
[22] Defensoría del Pueblo, Informe de Riesgo No. 029-08 AI, diciembre 4 de 2008.
[23] Columna Mariscal Antonio José de Sucre, FARC-EP, Comunicado, febrero 11 de 2009. Disponible en: Agencia de Noticias Nueva Colombia, ANNCOL, http://anncol.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=1835&Itemid=2 Fecha de consulta: Marzo 20 de 2009.
[24] Red de defensores no institucionalizados, Comunicado, disponible en: http://www.dhcolombia.info/spip.php?article730 Fecha de consulta: Marzo 20 de 2009.
http://www.prensarural.org/

IIRSA .- ARRASA.- reunion en Argentina

01/12/2009 20:57

Ecuador asistirá a XI Reunión del Comité de Dirección Ejecutiva de IIRSA

Quito (CRE-Web Presidencia).-

El Ministro de Transporte y Obras Públicas, David Ortiz, asistirá a la XI Reunión del Comité de Dirección Ejecutiva de IIRSA (Iniciativa Para La Integración de la Infraestructura Regional Suramericana) en Buenos Aires, Argentina.
Los objetivos de la reunión, que se efectuará este jueves y viernes, son: evaluar las actividades realizadas en el marco de la iniciativa durante el año 2009 y aprobar del Plan de Acción para el año 2010.

El encuentro contará con la presencia de representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Guyana, Paraguay, Uruguay, Suriname, Perú, Uruguay, Venezuela y Ecuador; además de funcionarios de las instituciones que componen la Presidencia del Comité de Dirección Ejecutiva (CDE) de IIRSA.

IIRSA tiene como objeto promover el desarrollo de infraestructura de transporte, energía y comunicaciones; bajo una visión regional, procurando la integración física de los doce países suramericanos y el logro de un patrón de desarrollo territorial, equitativo y sostenible.

http://www.cre.com.ec/Desktop.aspx?Id=143&e=134637

IIRSA.- IZQUIERDA

ALAI, América Latina en Movimiento
2009-12-01

AmericaLatina
De silencios y complicidades: la izquierda latinoamericana en tiempos posneoliberales
Pablo Dávalos

Al parecer, América latina (Abya Yala) estaría ingresando en una época novedosa caracterizada por la recuperación de su soberanía y en un contexto de democracia, participación ciudadana y renovación política, en la que nuevos gobiernos progresistas y de izquierda, tratan de recuperar su soberanía y, al mismo tiempo, emprenden una amplia y profunda redistribución del ingreso a través de fuertes inversiones en educación, salud y bienestar social.

Se trataría casi de un cuento de hadas que es difícil de digerir porque un contexto tan idílico daría cuenta de que la compleja, difícil y desgarradora historia de América Latina (Abya Yala), de alguna manera, ha podido superarse y que la región ha empezado, de la mano de la democracia liberal, a transitar por aquellas alamedas de las que hablaba Salvador Allende.

Empero de ello, y contrariamente a lo que pueda creerse y esperarse, Abya Yala está entrando en una de las etapas más dramáticas de la acumulación del capitalismo. Si el neoliberalismo fue la avanzada de la guerra monetaria y económica en contra de la región, aquello que se está vislumbrando ahora en el horizonte amenaza con ser más traumático y tenebroso.

Abya Yala está regresando en el reloj de su historia a los primeros siglos de la acumulación del capital. A esa etapa en la que el capitalismo no tenía ningún escrúpulo, ninguna frontera, ninguna cortapisa. Ese mundo en el que no había ninguna ontología del hombre, ninguna moral y todo era permitido. Un mundo que fue descrito por Marx en los tintes más sombríos y, justamente por ello, realistas. Ese mundo se está perfilando en el horizonte de la región pero, lo que es más grave, para legitimarse y sostenerse está acudiendo al expediente de los discursos emancipatorios de la izquierda y de la resistencia de los movimientos sociales.

El síntoma de lo que está ocurriendo en Abya Yala puede intuirse en las elecciones en El Salvador cuando el FMLN ganó con un porcentaje mínimo al partido derechista ARENA, o en las elecciones de Uruguay en la que un domesticado Mujica sirve de cobertura para un neoliberal Astori, el verdadero centro del poder, o en la Asamblea de Naciones Unidas, en la que un Miguel d’Escoto acude al economista neoclásico Stiglitz, para comprender la crisis económica del capitalismo.

Es un tiempo de la historia paradójico y contradictorio el que está creando estas opciones políticas que, aparentemente, adscriben a tesis críticas con el sistema pero que son altamente funcionales al poder, al capitalismo, a la modernidad. En ese sentido, incluso la elección de Barak Obama en EEUU, marca esa transición en la dialéctica del poder en la que el discurso se mimetiza en función de la acumulación del capital.

Marx tenía razón: es el ser social el que determina la conciencia social y las ideas dominantes de una época son las ideas de la clase dominante. La crisis del capitalismo le obliga a la burguesía a un retorno al principio de realidad, y en ese principio de realidad consta la necesidad ineludible de transferir los costos de la crisis y de salvarse a sí misma, incluso al coste de ceder espacios simbólicos.

En el momento actual es más conveniente que la fisonomía del poder tenga el rostro dulcificante de gobiernos progresistas y de “izquierda”. Pero esos rostros dulcificantes del poder no atenúan la perversidad inherente a la acumulación del capital y de la lucha de clases. Quizá por ello, haya de considerar que los denominados “gobiernos de izquierda”, o “gobiernos progresistas”, son el nuevo locus en el que situar las luchas y las resistencias sociales.

En todos los gobiernos progresistas, hay una especie de metodología en construcción que se sustenta y se apoya en los discursos y en las prácticas de resistencia y movilización social, para manipularlas y metabolizarlas en función del nuevo poder. Puede ser que se exagere, pero extraña el hecho de que en las retóricas oficiales y de sus discursos laudatorios, casi no se mencionen ni al PPP (Plan Puebla Panamá), ni al IIRSA (Integración de la Infraestructura Regional de Sud América), como los nuevos peligros que afronta la región y que más bien se los presente como oportunidades a no desperdiciar.

También es extraño que en la retórica oficial, en las campañas electorales y en los programas de gobierno de estos gobiernos progresistas y de izquierda, no se diga nada del avance incontenible del monocultivo sustentado en transgénicos y orientados a la producción de biocombustibles que se está produciendo en vastas regiones de Paraguay, de Argentina, de Brasil, un proceso que implica, además, una contrarreforma agraria sustentada en la criminalización de las resistencias sociales, y todo con el aval de estos nuevos gobiernos progresistas. Tampoco se dice nada del avance incontenible de la minería en Ecuador, Perú, Bolivia, Centroamérica, Brasil, Chile, Argentina; de la profundización de la industria de los servicios ambientales en toda la región, etc.

Asimismo, extraña sobremanera que se canten loas a la UNASUR cuando este proceso permite la convergencia con los acuerdos de libre comercio y la creación de los Estados de “seguridad jurídica”, que se están formando en la región y en función de la convergencia normativa de la globalización y de la OMC, al tiempo que desarticulan y desestructuran los procesos de integración existentes, como es el caso de la Comunidad Andina de Naciones. Extraña también el hecho de que se invisibilicen las formas de resistencia y lucha social y que su ulterior criminalización y persecución no suscite la solidaridad de estos gobiernos progresistas ni de la izquierda que ahora los canoniza.

Hay un hilo conductor que va de Atenco (México) a la persecución y criminalización a los mapuches en Chile, pasando por la persecución a la resistencia social y antiminera en Ecuador, la masacre de Bagua (Perú), y las persecuciones a los líderes indígenas en Venezuela, entre otras. Al parecer, hay una misma metodología en la persecución e intentos de manipulación al MST en Brasil, a la la CONAIE en Ecuador, a la CONACAMI y la AIDESEP en Perú, a los Mapuches en Chile, entre otros, que busca cerrar todo espacio social a la crítica y al cuestionamiento a estos gobiernos progresistas y de izquierda.

Por ello, quizá valga desconfiar en las Misiones (Venezuela), tanto como en los programas Socio-país (Ecuador), como la Red Solidaria (El Salvador), o Familias en Acción (Colombia), como el Bono Juancito Pinto (Bolivia), o la Bolsa Familia (Brasil), o el programa Tekopora (Paraguay), o el bono Mi familia Progresa (Guatemala), o también del programa Oportunidades (México), entre otros, porque no dejan de tener un tufillo a Banco Mundial y a sus estrategias de intervención y control social. Es de suponer que Pronasol (México) creó una metodología de aplicación para toda la región, una metodología exitosa y que ahora se ha convertido, paradójicamente, en un paradigma de intervención al tejido social por parte de los “gobiernos progresistas”. Una metodología que tuvo en Prodepine (Ecuador) y Orígenes (Chile) sus marcos de intervención más elaborados.

Extraña también sobremanera el hecho de que la izquierda, antaño tan crítica con el neoliberalismo al cual había acotado de tal manera que no existía discurso que no haya sido sometido a la crítica más despiadada, ahora no haya lanzado su voz de alerta con los denominados Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM’s), y sus derivas biopolíticas de control y sometimiento. Pero extraña aún más el hecho de que estos ODM’s sean la base de sustentación de las políticas sociales de los “gobiernos progresistas”. Hace algunos años, el solo hecho de que el Banco Mundial y el PNUD estén detrás de los ODM’s nos habrían puesto de alerta, ahora no nos asombra que sean el marco de intervención de la política social de los gobiernos progresistas.

Extraña el hecho de que ningún gobierno progresista haya puesto coto a las estrategias de descentralización y autonomías, que son parte de la desterritorialización del Estado, y que ahora constan en casi todos los textos constitucionales de los países de la región. Asombra también el hecho de que los teóricos de la izquierda (no todos por supuesto), ahora se contenten con tan poco y que hagan de las retóricas legitimantes de estos gobiernos progresistas el único argumento de validación social e histórica del momento que vive América Latina (Abya Yala).

Es asombrosa la connivencia de estos intelectuales de izquierda que ahora han guardado un silencio dudoso ante hechos brutales de agresión a los pueblos del Abya Yala. Es doloroso ver cómo estos intelectuales de la región, en un evento que da cuenta del signo de los tiempos, ahora participen en un seminario oficial sobre el Sumak Kawsay (Buen Vivir) convocado por el gobierno ecuatoriano, mientras ese mismo gobierno y al mismo tiempo en el que se aludían y discutían las bondades del nuevo modelo de desarrollo, aprobaba el reglamento minero que daba carta blanca al extractivismo, y emprendía proyectos de servicios ambientales y de expansión de cultivos de transgénicos para la producción de agrocarburantes, mientras perseguía y criminalizaba la resistencia social. En el mismo momento en el que se produjo este evento oficial, la resistencia social y popular organizaba otro, precisamente, en contra del extractivismo. Los intelectuales de izquierda que fueron convocados para hablar del Buen Vivir nada dijeron sobre la resistencia social al extractivismo. En este seminario del Buen Vivir, nada se dijo de las derivas extractivistas, autoritarias y posneoliberales del gobierno ecuatoriano. Como decía Paul Sweezy, quien paga al gaitero pide la tonada.

Asombró mucho cómo en Ecuador los intelectuales de izquierda que suscribían el proyecto político de Rafael Correa, guardaran un silencio cómplice con la represión en Dayuma, y llegaran a justificar esta represión indicando que se trataba de una maniobra de la derecha. Asombra también el hecho de que no se haya juzgado la acción de la masacre a los Awas en Colombia, hechas por la guerrilla de ese país y en el marco de la guerra civil, como un crimen de lesa humanidad y de genocidio étnico, y que esta masacre haya pasado como un evento más de la violencia de ese país. Asombra que las persecuciones a líderes campesinos en Venezuela estén ocultas en un espeso manto ideológico de una falsa confrontación derecha-izquierda.

De otra parte, apena la circunstancia que los discursos y prácticas emancipatorias, como aquellas contenidas en la plurinacionalidad del Estado y en el Sumak Kawsay, ahora sean parte legitimante de los nuevos discursos de poder. En efecto, en la Estrategia de Asistencia País 2010-2011, del Banco Mundial para Bolivia, propuesto y estructurado para apoyar al gobierno plurinacional de Bolivia con su anuencia y complicidad, las recurrencias al Buen Vivir sean para justificar y legitimar al modelo extractivo.

Llama la atención que los cambios constitucionales realizados en la región sean vistos como puntos de llegada de procesos históricos, cuando consolidan y ratifican al liberalismo político y económico, y clausuran las propuestas libertarias de los pueblos. Sin embargo, es alarmante la forma por la cual se está cerrando el debate, la crítica y la discusión en la izquierda del continente.

La izquierda crítica, radical, iconoclasta con los discursos de poder, ahora ha arriado sus banderas de la crítica social e intenta justificar lo imposible. Esa izquierda que apoya, suscribe y adscribe a los proyectos políticos de los denominados gobiernos progresistas, se está convirtiendo en un dispositivo estratégico del poder para cerrar los horizontes de posibles históricos y permitir la transición hacia el posneoliberalismo.

Resulta que ahora no hay cómo ser críticos con las derivas que están asumiendo estos gobiernos progresistas, porque esbozar una crítica es “hacerle el juego a la derecha”, esto es tan evidente que llega a ser dramático en el caso de Venezuela, Ecuador y Bolivia. Y claro, al otro lado de la orilla obviamente está una derecha oligárquica y retrógrada que cumple muy bien con su rol de espantapájaros.

Mientras guardamos, como decían los estudiantes en Córdoba, un silencio bastante parecido a la complicidad, el continente entero está girando hacia el posneoliberalismo. Una transición que habría sido traumática si hubiese sido efectuada por gobiernos abiertamente neoliberales, pero que se produce sin mayores tensiones gracias a los gobiernos posneoliberales. Una entrada en el posneoliberalismo en el que las burguesías de la región acentuarán los procesos extractivistas, productivistas, y de privatización territorial y criminalización social, y pondrán la región a tono con las derivas y exigencias de la globalización; y todo a ritmo del “socialismo del siglo XXI”.

- Pablo Dávalos es economista y profesor universitario ecuatoriano.

http://www.alainet.org/active/34795&lang=es

IIRSA .- ARRASA .- Bolivia Brasil

IIRSA
Sigue avanzando.

30.11.09

CARRETERA VILLA TUNARI - SAN IGNACIO DE MOXOS:

BNDES: Nuevas formas de acceso y control de los capitales transnacionales a recursos naturales de Bolivia
Silvia Molina
La construcción de las principales rutas terrestres y carreteras en Bolivia en general fue impulsada por el acceso al territorio para la explotación de recursos naturales y de materias primas destinados a la exportación.

En los últimos 20 años, el financiamiento de las cuantiosas inversiones para el desarrollo de esta infraestructura ha sido provisto por las Instituciones Financieras Internacionales (Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y posteriormente, la Corporación Andina de Fomento). Bajo el discurso de “generación de desarrollo”, estas instituciones financieras han sido gestoras de cambios de políticas y reformas estatales en el país, en alianza con los sectores empresariales dentro de las esferas de poder con el fin de crear oportunidades comerciales para la exportación e incorporar la economía del país y sus regiones al mercado global.

De esta forma, Bolivia resulta ser un país que prioriza la ejecución de “megaproyectos”, que coinciden con la planificación de la Iniciativa para la Integración Regional Sudamericana – IIRSA”, es decir construye carreteras, establece normas de diseño o planifica hidroeléctricas, en la magnitud que lo demanda el capital transnacional y sus aliados en sectores de poder de los países vecinos, particularmente en la mayor economía de la región, el Brasil. Esto es evidente en el impulso y las diversas formas que utiliza el gobierno de Lula para llevar adelante el IIRSA, que no es más que el Programa de Aceleración del crecimiento – PAC del gobierno de Brasil. A su vez significa que Bolivia supedita sus necesidades a las exigencias de esos intereses: asume deudas, los bolivianos la pagamos a lo largo de nuestra vida, aceptamos someternos a los condicionamientos para abrir las puertas a la explotación y apropiación de los recursos de nuestro territorio, postergamos u olvidamos nuestras necesidades, deseando creer que con estos “proyectos estratégicos” (como los llaman quienes los impulsan en el país, sin especificar a qué intereses responden en su categoría de “estratégicos”), lograremos el desarrollo.

En Bolivia, durante décadas, el poder empresarial brasileño de la construcción (Andrade Gutierrez, Queiroz Galvao, Camargo Correa) ha estado ligado a los gobiernos de turno y a su vez, en evidente alianza con los organismos financiadores; de tal manera que los más importantes proyectos de carreteras en magnitud y costo fueron concebidos y adjudicados a estas empresas asociadas con empresas nacionales, pequeñas en capital en relación a las brasileñas, pero con fuertes lazos en sectores de poder y decisión en los gobiernos.

A partir del año 2002 vemos surgir un nuevo actor en el financiamiento de proyectos en la región, se trata del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social del Brasil. El BNDES plantea entre sus objetivos la promoción de las exportaciones brasileñas impulsando la inversión brasileña en el exterior y la internacionalización de empresas de capital brasileño, lo cual recibe un impulso importante para irse concretando. Es a partir de entonces que el poder dominante brasileño se va haciendo evidente, el BNDES empieza a financiar proyectos condicionados a la contratación de empresas de servicios de infraestructura, estos financiamientos se constituyen a su vez en instrumento para impulsar la penetración en otros países de grupos industriales especializados en recursos naturales (etanol, metalurgia, construcción, industria hidroeléctrica, etc.).

La carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos

Como parte de las reformas del sector transporte, el año 1998 mediante Decreto Supremo 25134 se establecieron los objetivos y rutas del Sistema Nacional de carreteras, estableciéndose la rutas de la Red Fundamental (10.401 Km.), Redes Prefecturales y Municipales. Como resultado de esta clasificación fue priorizada la Red Fundamental y en los hechos la construcción de carreteras de vinculación con los países vecinos, significando en muchos casos que regiones del país tienen mayor relación con Brasil, Argentina o Chile, y que las inversiones del Estado en el sector se dirijan a estas carreteras, quedando las rutas internas en manos de las prefecturas y municipios, que hasta la nueva Ley de Hidrocarburos, no contaban con recursos para desarrollar los caminos de vinculación que la población requería.

En estas condiciones se dio un proceso de sumar rutas a la Red Fundamental, llegando hasta ahora superar los 16.000 kilómetros. Este proceso tuvo más que ver con intereses empresariales regionales o de sectores de poder con fines electorales, aunque también, en algunos casos como reflejo de las necesidades de vinculación de las regiones, pero no estuvo basado en una planificación del desarrollo local, regional y nacional vinculada a la planificación del sector transportes.

En ese marco, a través del Decreto Supremo 26996 del 23 de abril del 2003, el gobierno incluyó a la Red Fundamental de carreteras, el tramo comprendido entre las localidades de Villa Tunari y San Ignacio de Moxos, lo que significó entonces que el gobierno central a través del Servicio Nacional de Caminos (SNC) asumía la responsabilidad de la nueva ruta. La Ley No. 2530 del 24 de octubre del 2003 del gobierno de Carlos Meza autorizó al Poder Ejecutivo buscar el financiamiento para la construcción y asfaltado de la carretera Cochabamba – Trinidad dentro del marco de la Ley 717 del 15 de febrero de 1985 del gobierno de Siles Zuazo, que señala “Las obras camineras destinadas a vincular el departamento del Beni con otros de la República, obligatoriamente deben constituirse, simultáneamente, desde ambas puntas de camino, cualquiera sea la fase de su ejecución, es decir ya sea terraplenamiento, ripiado, asfaltado y otras”.

Siguiendo las mismas políticas, el gobierno del presidente Evo Morales promulgó la Ley No. 3477 del 22 de septiembre de 2006 que señala “Declárase de prioridad nacional y departamental la elaboración del Estudio a Diseño Final y construcción del tramo Villa Tunari - San Ignacio de Moxos, correspondiente a la carretera Cochabamba - Beni, de la Red Vial Fundamental”. “El Poder Ejecutivo, a través de las Prefecturas de Cochabamba y Beni y las instancias gubernamentales correspondientes, quedan encargados de gestionar fuentes de financiamiento y/o asignar los recursos económicos necesarios”.

La carretera que se pretende construir entre Villa Tunari y San Ignacio de Moxos es de aproximadamente 306 kilómetros, está ubicada en la parte central de Bolivia y vincularía los departamentos de Cochabamba y Beni atravesando y dividiendo el Parque Nacional y Territorio Indígena Isiboró – Sécure TIPNIS ( ). Partiendo de Villa Tunari (departamento de Cochabamba), existen 45 km. de camino empedrado de un carril que llega hasta el inicio del TIPNIS, los siguientes 46 kilómetros dentro del TIPNIS constituyen una ruta de penetración en mal estado y los restantes kilómetros atraviesan la zona núcleo del parque donde actualmente no existen caminos de acceso ni sendas hasta los últimos 40 km, ya fuera del parque, próximos a San Ignacio de Moxos (departamento del Beni) donde existe una senda.

El trazado de la ruta propuesta, que a partir del 2003 es parte del corredor biocéanico (Brasil – Bolivia - Chile y Perú del IIRSA) es paralelo al Bloque petrolero SECURÉ sobre el cual el año 1994 la empresa petrolera REPSOL firmó un contrato con el gobierno de Bolivia adquiriendo los derechos de explotación durante 30 años. Después de que REPSOL realizó la actividad sísmica de exploración, no continuó con la explotación y actualmente no hay actividad petrolera. Sin embargo, tal como lo señala la empresa encargada de los estudios y diseños, entre los objetivos del proyecto se encuentra el “facilitar los estudios para la exploración y explotación de yacimientos petroleros y de otros recursos minerales” ( ).

El financiamiento y la ejecución de la carretera

El diseño y construcción de la carretera fue adjudicada a la Constructora OAS Ltda. (la única empresa que presentó su oferta) en agosto del 2008 en un cuestionado proceso de licitación “llave en mano” (la empresa se encarga de los diseños, construcción y presenta una oferta de financiamiento). Actualmente la adjudicación de este contrato a la empresa OAS Ltda. se encuentra en proceso de auditoría por parte de la Contraloría General del Estado ( ).

Esta empresa es parte del conglomerado empresarial brasileño OAS, que participa en el mercado inmobiliario, construcción de infraestructura (carreteras, centrales hidroeléctricas, petróleo y petroquímica) e inversiones privadas en infraestructura y concesiones de servicios públicos en el Brasil y en Centro y Sud América y el Caribe.

El proyecto fue adjudicado en agosto 2008 por 415 millones de dólares, de los cuales 332 millones de dólares (80%) corresponden a financiamiento del BNDES y el restante 20% lo paga el estado boliviano.
La empresa brasileña OAS Ltda. está a cargo de los principales proyectos viales del país adjudicados en el gobierno del Presidente Evo Morales. El Gobierno le encomendó la ejecución de los proyectos Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, Potosí-Uyuni (carretera de 201 km de vinculación a la reserva de litio más grande del mundo y uno de los principales atractivos turísticos del país, financiada por la CAF y adjudicada a OAS Ltda. por $us 83,29 millones) y Potosí-Tarija (vía de 410 Km de vinculación al sur del país que se construye con un crédito PROEX del Banco do Brasil y garantía de la CAF, fue objeto de denuncias a la empresa constructora Queiroz Galvao por mala ejecución, lo que llevó a que bajo la modalidad “llave en mano” en una dudosa negociación se contrate a la empresa OAS Ltda. para la conclusión de 240 Km.)

Los estrechos vínculos entre empresas responsables de la realización de costosos diseños y supervisión de calidad e inversiones con las empresas a cargo de la construcción y los responsables en las esferas estatales de los procesos de adjudicación y licitación se hacen evidentes cuando se permite que la empresa boliviana CONNAL, contratada por el estado boliviano para que controle y supervise a la empresa OAS Ltda. en el proyecto Potosí – Uyuni, sea contratada por OAS para realizar los diseños del proyecto Villa Tunari – San Ignacio de Moxos.
El Estado boliviano contaba con recursos ($us 4 millones) provenientes de la CAF para realizar estos estudios de manera independiente, que permitiera evaluar la factibilidad económica, ambiental y en particular social de esta obra, además de la evaluación de los riesgos ambientales y sociales y la realización de un proceso de consulta de acuerdo a lo establecido en la CPE y la legislación nacional considerando que afecta a un área protegida con categoría de Parque Nacional, que a su vez es territorio indígena, antes de comprometerse a seguir la etapa siguiente, la construcción.
OAS Ltda., ofertó el financiamiento del BNDES para el proyecto. Con la firma del Protocolo de financiamiento de la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos entre los gobiernos de Brasil y Bolivia ( ), se establece las condiciones en las que Bolivia tendrá que pagar el crédito, que involucra el compromiso de Brasil de “abrir sus mercados” a los textiles bolivianos por un valor de $us 21 millones, y también es el mecanismo de ingreso de empresas y capitales extranjeros no sólo a la región del proyecto sino también a diferentes regiones del país.

Con este financiamiento, entre otros aspectos, el BNDES consolida el ingreso de los intereses empresariales transnacionales de Brasil al acceso a otros recursos y regiones de Bolivia, por una parte se consolida la participación brasileña en el aprovechamiento de los recursos del salar de Uyuni y quedan abiertas las puertas para su participación en la explotación con la firma del “Memorando de Entendimiento en Materia de Investigación y Desarrollo de Procesos para la Industrialización de los Recursos del Salar de Uyuni”, firmado entre Lula Da Silva y Evo Morales.

Por otra parte, en el mismo escenario se establece fortalecer el Programa de Cooperación que se inició entre la Agencia Brasileña de Desarrollo Industrial - ABDI y el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural de Bolivia, con la próxima visita de una misión de especialistas brasileños para apoyar el desarrollo de proyectos azucareros en San Buenaventura (norte del departamento de La Paz). Esta ayuda se suma a la llamada “cooperación”, de las ONG de Estados Unidos (Conservación Internacional – CI y Conservación Estratégica – CSF que con el financiamiento de LACEEP, la Fundación Moore y el programa de conservación de paisajes de USAID ( )) se propone la creación de un ingenio azucarero, la producción de azúcar refinada y alcohol etílico en el norte del departamento de La Paz, para lo cual se requeriría 12 mil hectáreas de plantaciones de caña de azúcar en una etapa inicial.

Esta poco evidente, pero estratégica alianza es sólo una muestra de los tentáculos del capital, que para extender e incorporar nuevos territorios al agronegocio, utilizan diferentes mecanismos, por una parte el gobierno de Brasil a través del BNDES que muestra su subordinación al imperialismo al ejecutar sus órdenes, tal como lo establecen el mandato de los “estudios técnicos” de las ONG conservacionistas de la Iniciativa para lo Conservación de la Amazonía Andina ICAA de USAID.

Derechos de los pueblos del TIPNIS

Sólo el haberse iniciado las gestiones para la ejecución de esta ruta ya significó la invasión del TIPNIS por parte de colonos y enfrentamientos con los pueblos indígenas. A medida que avanza el proyecto los riesgos son aún mayores. A pesar de ello y de las decisiones del TIPNIS, el proceso de consulta está pasando por alto los derechos indígenas.

Por una parte, los estudios de factibilidad, evaluación de impacto ambiental y diseño final han sido divididos en tres tramos. De acuerdo a la ABC, la consulta pública establecida por ley se ha realizado para los dos tramos que llegan hasta los límites del parque, y aún no se conoce sobre la consulta en la zona crítica que corresponde principalmente al TIPNIS. Entonces, ¿se pretende forzar la aceptación de los pueblos del TIPNIS con la presión por la inminente construcción de los tramos que llegan hasta los límites de su territorio?

Por otra parte sin que se realice la consulta previa e informada a los pueblos del TIPNIS el gobierno ha emitido la ley de declaración de prioridad nacional de esta carretera, vulnerando su derecho a conocer y decidir sobre su vida y las acciones que se realicen en su territorio y más aún cuando el objetivo principal de esta ruta es permitir el desarrollo de la actividad petrolera y minera.

Adicionalmente se ha realizado la contratación de una empresa para la realización de diseños y construcción y se ha comprometido el financiamiento con el BNDES sin que los pueblos indígenas conozcan los planes en su territorio.

Las consecuencias previsibles son evidentes, el avasallamiento del territorio, invasión e inminente penetración de colonos de la zona del Chapare y valles cercanos para asentarse en el territorio indígena con los posibles riesgos de enfrentamientos con los pueblos indígenas del TIPNIS, quienes se encuentran alertas y preocupados por la seguridad de su territorio; incremento de la deforestación y robo de recursos forestales maderables por parte de agentes externos vinculados al comercio ilegal de la madera, destrucción del bosque generando desestabilización ecológica con consecuencias imprevisibles en magnitud, pero que ya ocurren, como: inundaciones, escasez de alimento, cambios climáticos con precipitaciones concentradas y escasas lluvias en las montañas y valles aledaños, severa disminución de la fauna y flora, aumento de enfermedades tropicales: fiebre amarilla, dengue y leishmaniasis provocadas por la barrera al escurrimiento natural que significará la carretera, destrucción del hábitat natural por la carretera y las actividades de “explotación” de los recursos del área a partir de la misma: explotación petrolera, minera, explotación forestal ilegal, etc.. El mayor impacto, evidentemente, es a los pueblos indígenas a quienes se está afectando sus vidas, su cultura y poniendo en riesgo su existencia por la inminente destrucción de su territorio que se da bajo el impulso a este proyecto.

El TIPNIS, fue declarado Parque Nacional en 1965 y el año de 1990, fue reconocido como Territorio Indígena, a través de leyes logradas mediante movilizaciones de los pueblos indígenas de la amazonía boliviana. Se trata de una región de la amazonía andina de transición desde los 3000 msnm a 189 msnm, entre el subandino y la llanura beniana, cabecera de ríos de la cuenca amazónica, catalogada como Refugio Pleistocénico que son lugares característicos por las especies endémicas, sus bosques regulan las aguas a la llanura (evitando grandes escurrimientos), regulan el clima en los valles aledaños altamente productivos, y es a su vez es territorio habitado por los pueblos indígenas Moxeño, Trinatario y Yuracaré desde mucho antes de la colonización. Es así que en idioma yuracaré se lo llama “nowsa came jocre” que significa “esta es nuestra comunidad”, refiriéndose a todos los habitantes y seres vivos del bosque.
http://www.connalsrl.com/connal/proyectos_list.asp

La Contraloría General del Estado (CGE) está realizando la auditoría a la adjudicación de la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, contrato suscrito por la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), según información que brindó a la prensa el contralor Gabriel Herbas Camacho. La auditoría se inició a partir de la polémica en cuanto a los precios y a la modalidad llave en mano, en este momento existe ya una comisión que está encargada de la verificación de los datos. Contraloría General del Estado, Gerencia de Comunicación, B-35. 21/07/2009.

Encuentro de los Presidentes Evo Morales Ayma y Luiz Inácio Lula da Silva en Villa Tunari - Declaración Conjunta - 22 de agosto de 2009. Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, Comunicado a la Prensa nr 406 - 24/08/2009
http://www.fobomade.org.bo/index.php?option=com_content&view=article&id=332:bndes-nuevas-formas-de-acceso-y-control-de-los-capitales-transnacionales-a-recursos-naturales-de-bolivia&catid=58:ultimas

http://observatorio-ddhh.blogspot.com/2009/11/carretera-villa-tunari-san-ignacio-de.html

IIRSA .- ARRASA .- Perú.

... aqui está la situacion actual sobre el IIRSA SUR... arrasa con todo lo que encuentra

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=46894935

Desarrollo Peruano
La Interoceánica del Sur Ingresa a su Etapa Final

Poco a poco, la Carretera Interoceánica del Sur, que nos interconectará con las brasileñas ciudades de Rio Branco y Porto Velho, y con toda la zona nor-occidental de nuestro vecino del este, va ingresando a su etapa final.



Hace un par de días se concluyó en ella el asfaltado de 113 kilómetros, entre la localidad de Primavera Baja y la ciudad de Puerto Maldonado. De esa manera, el departamento de Madre de Dios ha quedado atravesado, por fin, por una excelente vía, transitable ininterrumpidamente en cualquier época del año. Se acabaron los terribles viajes por trochas infames destrozadas por las lluvias. Ahora, desde la entrada al departamento (en el puente Inambari) hasta Iñapari (en la frontera con Brasil), prácticamente todo el recorrido es sobre asfalto. Sólo falta el pequeño tramo de 35 kilómetros entre Puerto Maldonado y el diminuto poblado de Planchón.

También falta finalizar la construcción del puente Billinghurst, en el cual, felizmente, ya se reanudaron los trabajos, después de una prolongada paralización (y del reemplazo del contratista). En esta infraestructura colgante, situada a la salida de la capital departamental, sólo falta instalar las torres metálicas, el cableado de acero y la plataforma vehicular, pues la parte más complicada, de los robustos cimientos sobre el lecho del río, y de las cámaras de anclaje para los cables, ya está terminada desde hace un buen tiempo.Fuera de eso, ya no queda demasiado por hacer.

En el departamento del Cusco (donde el gélido clima de la altura dificultó el trabajo de Conirsa) sólo resta el asfaltado en algunos tramos intermedios, en tanto que en Puno (donde el consorcio Intersur acometió primero el trabajo en la zona andina) sólo queda por asfaltar el sector de selva.La idea es que la Interoceánica quede totalmente terminada a fines del 2010, para que sea inaugurada en el primer semestre del 2011, como una de las más importantes obras del país en materia de vialidad. Dado que (al margen de los inconvenientes de orden climático) las empresas constructoras están cumpliendo con sus cronogramas, no se avizora ningún problema en tal sentido.

Así, dentro de apenas un año y medio, el Perú podrá iniciar una inédita e interesantísima etapa de relaciones con su gigantesco vecino del este, aquel al que siempre dio la espalda, y al que ahora abrirá las puertas de par en par. Aún sin estar terminada, la carretera ya está posibilitando una enorme vinculación (comercial y turística) entre ambos lados de la frontera. Gracias a su excelente transitabilidad, y por ende al ahorro de tiempo que genera, el paso de buses y camiones se ha multiplicado extraordinariamente. Eso hace prever que a partir del 2011, cuando todo (incluyendo al Billinghurst) esté listo, la Interoceánica se convertirá en un auténtico hervidero vial.
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IIRSA.- ARRASA.- Chile-Brasil

Agenda comprometida entre Lula y el candidato Piñera de Chile. en http://pinera2010.cl/2009/11/24/sebastian-de-gira-en-brasil/

Agenda Chile-Brasil

1.- Apoyo a candidatura de Brasil como miembro permanente del Consejo de Seguridad. Explicitar el apoyo del futuro gobierno de Chile a esa candidatura, que ya ha sido comprometido por nuestro país. Chile, en distintas oportunidades, ha respaldado la aspiración brasileña de ocupar un asiento permanente en el Consejo de Seguridad reformado.
2.- Crear una Fundación Binacional Público-Privada Brasil-Chile. Con el propósito de facilitar la cooperación cultural, en los campos de la educación, ciencia, tecnología, emprendimiento e innovación y crear vínculos y mecanismos de colaboración entre las sociedades civiles de ambos países, es importante avanzar en tal Fundación, cuya característica distintiva sería la participación tanto de los sectores públicos como privados de ambos países. Se considera que ésta es una señal fuerte en términos de la naturaleza de las asociaciones en un mundo globalizado que deben integrar los esfuerzos tanto del Estado como de los particulares3- Crear un mecanismo expedito de consulta permanente a nivel de Cancillerías. Es importante reforzar la cooperación bilateral y buscar instancias de coordinación para una acción conjunta en las organizaciones regionales – OEA, Grupo de Río, UNASUR, MERCOSUR y en los organismos internacionales.También la idea es que Brasil y Chile emprendan acciones conjuntas en programas de cooperación con terceros países, aprovechando las experiencias exitosas de ambos países en materias tales como superación de la pobreza y fortalecimiento de las Instituciones.
4.- Mercado integrado de energía e infraestructura en el Cono Sur. Trabajar en conjunto con Brasil la promoción de un mercado supranacional de electricidad, combustibles, fuentes de energía no convencionales y obras de interconexión física .Una integración sectorial y funcional en estos aspectos servirá para favorecer la seguridad energética a través de abastecimientos, a costos razonables, de distintos países productores y ayudará a la paz y estabilidad regional y permitirá avanzar gradualmente a la integración de otros sectores. La institucionalidad jurídica de este mercado integrado debe incluir tratados internacionales y normas que garanticen el respeto de los derechos de terceros.
5.- Fuerte apoyo a la inversión en infraestructura en la Región y fortalecimiento del la Iniciativa de Integración de América Latina (IIRSA). El nivel de inversión en infraestructura en Latinoamérica, como porcentaje del PIB, ha decaído en los últimos 15 años del 4% al 2%, dado que la inversión pública en infraestructura fue el sector que más sufrió los ajustes fiscales. En promedio menos del 30% de la red vial de Latinoamérica está en buen estado. Para alcanzar niveles de infraestructura similares a los asiáticos, y eliminar el back-Log de mantenimiento, la inversión en infraestructura en Latinoamérica debería alcanzar niveles anuales del 6% del PIB durante 20 años. Chile apoya a Brasil en la promoción de IIRSA y propone un fortalecimiento de la arquitectura institucional del organismo y un mayor compromiso de los países de la región al respecto.
6.- Impulso a los Corredores Interoceánicos. A pesar de no tener frontera común, para Chile y Brasil el desarrollo de la conectividad Atlántico-Pacífico juega un papel clave. Hay algunos proyectos de infraestructura de integración, que también abarcan Argentina, Bolivia y Paraguay que son de mutuo interés. Entre ellos la implantación de un corredor interoceánico carretero y ferroviario entre los puertos atlánticos de Santos y Itaguaí, en Brasil, y los puertos del norte chilenos en el Océano Pacífico. Se propone que Brasil y Chile se coordinen con Bolivia para promover estas iniciativas.
7.- Avanzar hacia mayores niveles de cooperación en el ámbito militar. Brasil y Chile tienen un conjunto de convergencias en este ámbito, ya que Brasil ha firmado convenios para la construcción de submarinos Scorpene. EMBRAER está desarrollando un avión C390 (llamado a reemplazar a los cargueros C 130), en conjunto con EUROCOPTER fabricarán helicópteros COUGAR y tiene un convenio para la adquisición de tanques Leopard. Todos ellos forman parte del equipamiento tanto del Ejército como de la Marina chilena y permite establecer convenios para el mantenimiento, provisión de repuestos, adquisiciones de material y entrenamiento asociado a esta convergencia, en beneficio de ambos países.
8.- Programa especial de deporte de alto rendimiento, “empalmado” con los Juegos Olímpicos de Río- 2016.