EL AGUA: UNA LUCHA ESTRATEGICA
Nancy Espasandín[1]
SOLO LOS TRABAJADORES Y LOS PUEBLOS OPRIMIDOS
PUEDEN DEFENDER EL AGUA Y SALVAR LA VIDA DE LA HUMANIDAD.
Nancy Espasandín[1]
SOLO LOS TRABAJADORES Y LOS PUEBLOS OPRIMIDOS
PUEDEN DEFENDER EL AGUA Y SALVAR LA VIDA DE LA HUMANIDAD.
La importancia de la lucha contra la privatización del agua en América
Latina – y específicamente en Uruguay – plantea la posibilidad de
diversos abordajes. El presente artículo intenta contextualizar las
formas de resistencia y sus perspectivas futuras en la actual fase de
ofensiva neocolonizadora del capitalismoo- imperialista. *
En la fase más destructiva de su historia...
El capitalismo - imperialista -, las grandes multinacionales y los gobiernos de las grandes potencias a su servicio están dispuestos a poner en riesgo el planeta y al hombre mismo llevando a límites nunca vistos la depredación del medio ambiente para satisfacer sus ansias de ganancias. El desarrollo de la técnica y de todas las fuerzas productivas en manos del capital se transforman en fuerzas destructivas de la naturaleza, del planeta y de la humanidad.
Respondiendo a los intereses de los poderosos del mundo, los organismos multinacionales ofrecen y dan préstamos a las empresas multinacionales para que instalen las industrias “sucias” en los países del Sur cuya población debe pagar los costos de los desastres que provocan. Esos grandes hollding que producen los más grandes desastres naturales son los que financian las guerras de los gobiernos imperialistas para apoderarse de los recursos naturales y la instalación de bases militares para garantizar su control.
A pesar del desprestigio de las políticas neoliberales y su deslegitimación en la mayoría de la población mundial, éstas siguen vigentes en medio de una ofensiva económica, política, ideológica y militar del imperialismo para aplicarlas. Los organismos internacionales, conscientes de los efectos producidos por la primera ola reformas y de privatizaciones en los noventa, comenzaron a alertar sobre los peligros de crisis social que pueden provocar y plantean a los estados nacionales cuidarse de “no poner en peligro la cohesión social” y lograr, sobre todo, el involucramiento de las organizaciones de la sociedad, las ONGs, de técnicos e intelectuales en sus proyectos: Decía el presidente del Banco Mundial, Wolfenshon, J. en 1999 : “La sociedad civil tiene más o menos voz según sea la situación política local pero, según nuestra experiencia, al contar con su participación en los proyectos y programas se obtienen mejores resultados en materia de diseño y ejecución, así como también normalmente más eficacia, incluida una mayor identificación con dichos proyectos y programas. Creo que todos nos estamos dando cada vez más cuenta de que la identificación de la sociedad local con los proyectos y programas es fundamental para el éxito y la eficacia de los mismos”.
Cualquiera sea el gobierno, sigue la imposición de la liberalización financiera y comercial, el acrecentamiento de la deuda externa, el impulso de la integración regional como el ALCA, los Acuerdos de Libre Comercio, el saqueo de todos los recursos naturales y el impulso de las privatizaciones bajo diferentes variantes: venta directa, tercerizaciones, concesiones, municipalizaciones, acuerdos públicos –privados, transferencias a las ONGs, etc. De esta forma, se acrecienta la dependencia de nuestros países al imperialsmo y se pone en jaque a la soberanía nacional. Los gobiernos socialdemócratas en Europa y los llamados progresistas en América Latina han estado dispuestos a ceder a los condicionamientos que imponen el FMI , el BM, la OMC, llevando a cabo con mayor profundidad la aplicación de las políticas neoliberal.
...todo se compra, todo se vende. El agua también.
El suelo, el aire, las aguas, los animales y el hombre son sacrificados por los oligopolios internacionales. Ni siquiera el agua, un recurso natural vital, escapa a la lógica destructiva del capitalismo. La mercantilización de todo lo existente es la característica fundamental en que se basa el sistema, desde los recursos naturales pasando por el hombre mismo. [3] El agua, cuyo valor de uso es esencial para garantizar la vida, convertida en mercancía – hoy commodities negociables en la bolsa - , se le atribuye un valor de cambio que sólo puede servir para acrecentar el lucro de un sector privilegiado del mundo que se adueña de él. “Los barones del agua”, “los zares del agua” o los “bucaneros del agua” - como se les llama - tienen el objetivo de controlar, administrar y vender el recurso agua, en contraposición a los intereses del conjunto de la población. Valgan sólo como ejemplo el caso de las empresas francesas Vivendi que opera en 90 países y la Suez en 120 países, Enron- Saur en 50 países gestionando también el gas y la electricidad, además de Danone, AmBev, Coca Cola, Nestlé, etc.
Convertido en el gran negocio del siglo – apenas cubriendo hasta hoy el acceso al agua potable y al saneamiento del 5% de la población mundial – el mercado del agua crece exponencialmente cada año. La privatización del provisionamiento de agua y saneamiento en la mayoría de los países de América Latina ha traido consecuencias nefastas para la población con aumento incontrolable de tarifas, servicio de mala calidad y depredación de lagunas, lagos y ríos.
En la región del Sur de América, Uruguay, Argentina. Brasil y Paraguay, comparten el Acuífero Guaraní, considerado una de los reservorios de agua dulce más importante del mundo, un verdadero océano subterráneo que ha provocado la voracidad de las multinacionales con sede en EEUU y Europa para apoderarse de él. La posibilidad de que se apropien del agua dulce del Acuífero y que se le ofrezca para que los grandes capitalistas mundiales acrecienten sus ganancias, no es una posibilidad teórica sino que ya ha sido mal usada por la multinación Nestlé provocando gran resistencia. Y a comienzos de 2005, en Santana Do Libramento- Brasil, durante el gobierno de Lula, se ha autorizado la venta de millones y millones de litros de agua embotellada - extraída del Acuífero- a los Países Arabes, con la complicidad de los demás gobiernos del MERCOSUR que comparten esta reserva natural, incluido el gobierno de Tabaré Vázquez de Uruguay, a pesar de la Reforma Constitucional votada en octubre de 2004, que lo prohibe expresamente.
Un bien natural como el agua, tan abundante en Uruguay - cubierto de ríos, arroyos, lagunas y el Acuífero Raigon - es ideal para el monocultivo forestal – alentado y subsidiado por el estado con la exhoneración de impuestos desde el gobierno del Dr. Lacalle en los años 90 - y para la instalación de idustrias que exigen el uso abundante de agua como las Plantas de Celulosa, aprobadas por el gobierno del Dr. Batlle, ratificada por el actual gobierno del Dr. Vázquez y resistida por la población de la provincias de Entre Ríos – Argentina y de Fray Bentos - Uruguay.
El agua y las guerras del siglo XXI.- la militarización.
Todas las previsiones sostienen que el acceso al agua potable será motivo de las guerras del Siglo XXI y fue premonitoria la llamada “guerra del agua” en Cochabamba- Bolivia en 2000, cuando la resistencia popular expulsó del país a Aguas del Tunari- filial de la trasnacional norteamericana Bechtel.
Pero la situación se agrava cada día. El gobierno de los EEUU impulsa desde mediados de los 90 un plan ofensivo para profundizar su dominio sobre América Latina en franco competencia con la Unión Europea, a través de los Planes del ALCA y los Tratados de Libre Comercio y el proceso de militarización de América del Sur y el Caribe a fin de presionar y apoderarse de las riquezas en energía, agua y biodiversidad.
Tiene sumo interés en la zona de la Triple Frontera Paraguay -Brasil- Argentina, y en la necesidad de su control porque allí es la región de recarga del acuífero, además de tener cercanas las reservas del gas boliviano. Para ello, no ha tenido empacho en insistir que la zona de la Triple Frontera es un lugar donde se asienta el “terrorismo” que justificaría, según el Pentágono, cualquier intervención militar, tal como lo hacen en otras zonas de Amércia Latina y el Caribe, como es el Plan Colombia o el Plan Puebla- Panamá. Las numerosas zonas del continente donde existen bases y se realizan ejercicios militares con presencia de los marines norteamericanos coinciden totalmente con las que poseen gran riqueza en biodiversidad, en yacimientos petrolíferos, en fuentes de agua dulce, y donde existen movimientos de resistencia dispuestos a combatirlos.[4] Basta saber que más de una docena de ejercicios militares viene realizando anualmente el Comando Sur del Ejército norteamericano junto a los ejércitos nacionales en países de América Latina y el Caribe, y basta enumerar las bases militares que tiene en el continente : en Manta, Ecuador; Guantánamo en Cuba (hoy transformada en prisión); Tres Esquinas, Larandía y Puerto Leguizamo en Colombia; Iquitos y Nanay en Perú; y las bases militares instaladas en los países centroamericanos, Palmerola, en Honduras; Comalapa, en El Salvador; Reina Beatriz, en la Isla de Aruba; Libería, en Costa Rica, para confirmar la politica de militarización. Mucha fue la resistencia que han hecho los pueblos de Brasil y Argentina, para no entregarle a los yanquis la base de Alcántara, instalada en un lugar estratégico del territorio brasileño; y no permitir al Comando Sur que instale una base en Misiones, en la llamada Triple Frontera, como viene aspirando desde hace mucho tiempo.
La presión a los gobiernos de Brasil, Argentina y Paraguay para militarizar la zona de la Triple Frontera hasta hace muy poco tiempo no había logrado su efecto. Fue el gobierno de Lula el que comenzó a ceder a las presiones asumiendo la construcción y la instalación de una base militar modelo, un cuartel general en Foz do Iguaçú junto con una Unidad Especial que se dedicará a custodiar el lago formado por la represa de Itaipú, la mayor central hidroeléctrica del mundo, y el río Paraná, así como la zona de recarga del Acuífero Guaraní. "Queremos demostrar que el gobierno está reforzando la seguridad, haciendo un blindaje de esa región", declaró en agosto de 2004 al diario O Globo el jefe de la policía federal, Paulo Lacerda.[5] Y le siguió la aprobación del Senado paraguayo en junio de 2005 - en el marco de acuerdos resevados firmados por el Gobieno con EEUU el 5 de mayo – de la autorización a Estados Unidos para ampliar la base de Mariscal Estigarribia en construcción clandestina y que las tropas norteamericanas realicen “ejercicios e intercambios militares bilaterales” en el territorio paraguayo con total inmunidad, desde junio de 2005 a diciembre de 2006, obviamente, postergable. [6]
Seguramente se han basado para estas presiones y logros en los informes, hasta ahora secretos, de las bondades de las aguas dulces del acuífero que, desde 2000, reciben de los expertos porque, desde entonces los gobiernos del MERCOSUR, han cedido el proyecto de investigación - diseñado por las universidades de los cuatro países para la protección y el desarrollo sustentable del Acuífero - para ser financiado y gerenciado nada menos que por el Banco Mundial que lo aprobó en el 2001, ejecutado por la OEA y organizaciones alemanas y holandesas, y el gobierno de EEUU, en el que están trabajando además profesionales de las Universidades de los cuatro países.[7]
De igual forma, los organismos internacionales con el aval de los gobiernos han impulsado la creación de Asociaciones del Agua en cada país, aceptado su asesoría técnica para las Políticas de Agua, como parte de la Global Water Partnership (GWP) - la red internacional creada en 1996 que defiende el valor económico del agua tras los lineamientos del Banco Mundial - y de la Global Water Partnership Organization (GWPO) conformada a partir del año 2002 como organización intergubernamental de apoyo a la red - que reúne a representantes de instituciones de los gobierno, bancos de desarrollo, asociaciones de profesionales, académicos e investigadores, ONGs y empresarios que estén involucradas en la gestión de los recuros hídricos.[8]
Esta organización ya existe en la mayoría de los países de América Latina. En Uruguay, a fines del 2004, presentó sus estatutos y se reúne en la sede oficial del MERCOSUR. Apoyada por personeros del actual gobierno “progresista”, es reconocida por los Ministerios como interlocutora válida para asesor al gobierno en la planificación, gestión y control de los recursos hídricos en el país.
Un problema estratégico ...
Es importante reconocer que el AGUA es un problema estratégico para el gobierno de EEUU, las multinacionales y también para los pueblos oprimidos y la clase trabajadora. La militarización creciente en el continente para lograr el control y defensa de los recursos naturales está al servicio de garantizar tres megaproyectos de infraestructura que abarcarían a todo el Continente, desde Alasca a Tierra del Fuego – tal como el Área de Libre Comercio de la Américas (ALCA): la North American Water and Power Alliance (NAWAPA) para desviar los cursos de las aguas desde Alasca y Canadá a EEUU, el Plan Puebla Panamá (PPP) obras que entre sus objetivos tiene la explotación del agua en la zona, y el más brutal y ambicioso llamado Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional de Sudamérica (IIRSA) con corredores industriales, hidrovía, proyectos hidroelécticos de enormes proporciones y la construcción de un gran canal que uniría el Orinoco con el río de la Plata.[9]
Pero la lucha contra el ALCA, los Tratados de Libre Comercio, contra la privatización de todos los recurosos naturales y por expulsar a las empresas privadas esta generalizándose en América Latina y el mundo. La lucha por el agua en el año 2000 y la del gas en 2003 en Bolivia son las más paradigmáticas, pero las luchas se siguen multiplicando.
El caso de Uruguay contra la privatización está siendo referente para muchos países que, como Italia, Argentina, Perú y otros quieren tomar su ejemplo.
Es que, a diferencia de Bolivia – Cochabamba, cuyo pueblo se vio obligado a pelear en las calles enfrentando la represión y ofreciendo su sangre en defensa del Agua, en Uruguay se intenta frenar la privatización a través de una reforma constitucional, a través del voto. La Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida de amplia composición que asumió la tarea, tomó su nombre en homenaje a la Coordinadora del pueblo cochabambino.
El 64.7 % de la población expresó su voluntad aprobando, a través de la Reforma , que el acceso al agua potable es un derecho humano fundamental, señalando que es el Estado el que debe proveer de agua potable y saneamiento al conjunto de la población, además de plantear la necesidad de elaborar una Politica Nacional de Aguas con la participación de la población en la planificación, gestión y control de los recursos a través de la descentralización por cuencas hidrográficas.
El triunfo del Plebiscito del 31 de octubre refleja que la mayoría de los uruguayos no quieren que les privaticen el agua, ni quiere que las grandes potencias defina su destino, votó para que caigan las concesiones privadas y sean rescatadas por el estado. Por esa razón, cumplir con el mandato popular en toda su extensión implica – al igual que en Bolivia - un posicionamiento opuesto y firme a las políticas imperialistas, a los gobiernos del Norte - los EEUU y Europa-, frente a los organismos multinacionales y a las grandes empresas del Agua, y una defensa de la soberanía nacional.
La Federación de Funcionarios de Obras Sanitarias del Estado (FFOSE) y vecinos de la Costa tomaron la inicitiva de la recolección de firmas para la Iniciativa Popular, mecanismo previsto por la Constitución que el pueblo uruguayo usó reiteradamente en post-dictadura, algunas veces con éxito y otras no. Para derogar leyes privatizadoras de las empresas públicas en general y contra la privatización de muchas de ellas en particular, y el caso del agua para Reformar la Constitución, se apeló a los plebiscitos, y luego de triunfar, el gobierno de turno buscó formas jurídicas para burlar el resultado.
Los trabajadores - a pesar de que no terminan de entender las razones del por qué hay que reiterar los plebiscitos cuando supuestamente en 1992 votaron contra las privatizaciones -, siguen insistiendo en el uso del mismo mecanismo. Y a veces ganan... y bloquean las intenciones de los gobiernos. Así sucedió en los últimos casos de la “asociación con privados” de la refineria de petróleo- ANCAP – a fines de 2003 y el caso de la “reforma del Agua” en octubre de 2004.
Pero ninguna de estas instancias fue fácil. Fueron impulsadas desde abajo debiendo enfrentar a sectores de la central obrera – el PIT-CNT – y a dirigentes Políticos de la Izquierda, hoy en el gobierno. Algunos de esos dirigentes habían colaborado en formular la Ley de asociación de ANCAP y, en el caso de la Reforma del Agua, pusieron todo tipo de trabas a los trabajadores aguateros cuando salieron a juntar firmas para la Reforma Constitucional que debía realizarse en forma paralela a la campaña electoral, apoyando declarativamente la iniciatica sin apelar a la movilización de sus gremios ni de los sectores integrantes de la coalición de izquierda.
Porque el enfrentamiento a los planes de EEUU, los organismos de crédito y multinacionales del agua estaba y sigue planteado como necesidad, los dirigentes de la izquierda tradicional que no están dispuestos a sumir esa tarea han interpretado que la reforma no contemplaba a las empresas multinacionales existentes sino a supuestas empresas en el futuro, y lanzaron un Decreto del 20 de mayo que plantea el “respeto al contrato” con Aguas de la Costa hasta el año 2018, violatorio de la letra de la Constitución, por lo tanto, nulo y anticonstitucional.
En miles de actos, seminarios, talleres y charlas - debates, en los barrios, en los pueblos, en los institutos de enseñanza, etc., algunos centenares de activistas, integrantes de Comisión Nacional – CNDAV- y de las organizaciones que la integran, sociales, barriales, ambientalistas, sindicales y políticas, han explicado – en mayor o menor medida - todos estos elementos del análisis y fueron tomados en cuenta primero, para señalar la necesidad de la Reforma y luego, el rechazo al Decreto del Poder Ejectuvio.
La mayoría de esos luchadores se inclinan a denunciar la mercantilización del agua y las intenciones de los organismos internacionales y el imperialismo, a las multinacionales, a las Asociación Internacional del AGUA y sus filiales en cada país, a las consecuencias de la globalización, a los proyectos del ALCA y los Acuerdos de Libre Comercio, a la transferencia de las industrias “sucias” a los paises dependientes del SUR como las Plantas de Celulosa y el monocultivo forestal, a las privatizaciones y demás políticas neoliberales, a las políticas de militarización de EEUU; alertan sobre las guerras por el agua unidos a las organizaciones sociales latinoamericanas y del mundo, defienden el Mandato y la Soberanía Popular expresada en el Plebiscito, así como la necesidad de fortalecer el internacionalismo en la acción con otras organizaciones y pueblos que luchan por los mismos postulados, como Bolivia, Argentina, etc. y, obviamente, rechazan el decreto inconstitucional del gobierno de Tabaré Vázquez.
Los militantes de la Comisión Nacional y de todas las comisiones barriales y zonales que se han formado a su alrededor – fundamentalmente en barrios obreros- , han constituido una unidad de acción que se fue tejiendo con activistas de diverso origen provenientes de partidos menores y en forma transversal entre los militantes de base a los partidos políticos. Fueron los que juntaron las firmas necesarias para la iniciativa popular del plebiscito, que realizaron la campaña con gran esfuerzo y, a pesar de que las direcciones del Frente Amplio y del Partido Nacional llamaba a incluir la papeleta del Si a la Reforma, sin embargo, el tema no estuvo en la agenda de ninguno de los candidatos,
Esa Unidad de Acción fue violentada una y otra vez por los dirigentes de la izquierda tradicional y del actual Gobierno progresista que, logrado el triunfo del plebiscito el 31 de octubre, retiraron de inmediato a sus representantes de la Comisión Nacional, aspirando a que el organismo desapareciera, y los candidatos – luego presidente y ministros del actual gobierno, hicieron compromisos públicos de “respetar los contratos” con empresarios europeos durante la campaña, dictaron un decreto inconstitucional para amortiguar los efectos de la expulsión de la empresa Aguas de la Costa e impiden, hasta hoy, cualquier participación auténtica de la ciudadanía en la elaboración de la política, en la planificación, gestión y control de los recursos.
Si embargo, y es preciso tenerlo en cuenta, la mayoría de los activistas de los barrios y ciudades del país que han asumido la tarea, han creído que todos esos postulados los puede lograr aplicando el paradigma de la democracia participativa – la misma que fundamentó el presupuesto participativo en Brasil - que sería el sustento de la prácticas de involucramiento que el gobierno podrá ofrecer a la Comisión Nacional - y que la misma Reforma Constitucional plantea a través de las autoridades de Cuenca- , porque la mayoría de ellos aún mantiene, más o menos disminuidas, las esperanzas e ilusiones en el gobierno.
La mayoría de esos activistas cree que otro mundo es posible, y en la medida que no se plantea la pelea por el socialismo, cree en la posibilidad de terminar con las políticas neoliberales sin cuestionar el sistema capitalista, tal como se viene expresando en las luchas anti - globalización a nivel mundial. Representantes de la Comisión Nacional han participado en todos los eventos internacionales que se han realizado en los últimos años defendiendo estas concepciones: en los Foros alternativos del agua, del Acuífero Guaraní, en Cochabamba, en el Foro Mundial, junto a Redes del Agua antineoliberales, etc.
Pasa a ser de una importancia muy grande mantener y defender los logros obtenidos y seguir exigiendo al gobierno que cumpla con el mandato popular en todos sus términos. Sigue planteada la articulación de esta exigencia con el rechazo a la instalación de las Plantas de Celulosa que obstinadamente defiende el gobierno y al monocultivo de eucaliptos, a la firma del Tratado de inversiones con EEUU reafirmada en Mar del Plata que seguramente logre la aprobación del parlamento, la oposición a políticas del FMI y el Banco Mundial que condicionan al país y al pago de la deuda externa.
Si bien las instancias internacionales fortalecen y constituyen un potencial internacionalista para las luchas de América Latina y el mundo, es necesaria la crítica a la utopía de lograr un capitalismo más humano. Porque no hay posibilidad alguna de terminar con las mercancías, con que todo se venda y todo se compre, incluidos el AGUA y el propio trabajador, no hay posibilidad de salvar a la humanidad de todos los males del sistema, si no luchamos consecuentemente contra el capitalismo - imperialismo que, en su fase degenerativa, le importa poco la vida de la mayoría de la población mundial y pone en riesgo el planeta y el agua que la hace posible.
Al igual que el imperialismo ha masacrado a los pueblos de Afganistan e Iralk para apoderarse del gas natural, del petróleo, y las aguas del Tigris y el Eufrates, las alertas que vienen dándose desde hace años acerca de que las próximas guerras serán por el agua, plantea los peligros que están por delante y la batalla teórica, política e internacionalista que deben dar los trabajadores de Brasil, Argentina, Paraguay, Bolivia, Uruguay y de todo el mundo, para evitarlos.
Las características destructivas del sistema y la necesidad de salvar a la humanidad de tan bárbaros objetivos, nos convence cada día más que no hay gestión sustentable del agua, o de cualquier recursos natural, si no la gestionan los trabajadores y los pueblos oprimidos bajo su control. Porque son los explotados y oprimidos los únicos que pueden impedir que todos los recursos naturales termine en manos de las multinacionales y los únicos capaces de resistir hasta al final en las guerras que están dispuestos a llevar a cabo los poderosos del mundo para apoderarse de ellos.
La unica posibilidad de enfrentar los planes del imperialismo para apropiarse del “oro azul”, es prepararse para resistir tal como lo hicieron los trabajadores y campesinos bolivianos en la “guerra del agua” en Cochabamba - 2000 y lo reiteraron en la lucha por el gas. En esa pelea estratégica contra el imperialismo y el capitalismo los explotados y oprimidos irán avanzando en la necesaria lucha por terminar con la explotación y la opresión, en la necesaria lucha por el socialismo.
Recuadro
A UN AÑO
DEL INCUMPLIMIENTO
DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL DEL AGUA
Nancy Espasandín
El 31 de octubre, se cumplió un año del triunfo del Plebiscito Constitucional del Agua, un año del triunfo de la izquierda tradicional nucleada en el Encuentro Progresista- frente Amplio- Nueva Mayoría y siete meses de asunción del nuevo presidente Tabaré Vázquez del Partido Socialista (integrante de la gran coalición) como Presidente de la República.
Cuando durante la campaña muchos integrantes de Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida sosteníamos que la lucha por los postulados de la Reforma Constitucional estaba planteada antes, durante y después del plebiscito, no estábamos equivocados: aún hoy queda pendiente la aplicación de la reforma en todos sus términos.
No bastó el mandato del 64.7 % de los ciudadanos, no bastó que 1.400.000 uruguayos expresaran su voluntad de expulsar a las multinacionales que operan en el país en el suministro de agua y saneamiento en el departamento de Maldonado y que el Estado rescatara de inmediato esas concesiones.
Por el contrario, durante la campaña electoral, el actual presidente de la izquierda tradicional Tabaré Vázquez, el ministro de Economía Astori y otros voceros de la coalición, venían realizando una interpretación del proyecto de reforma que nada tenía que ver con su letra, planteando que se “respetarían todos los contratos”.
Cuando el anterior gobierno intentó aplicar la reforma vigente desde el 8 de noviembre- reconocido el triunfo por la Corte Electoral-, con la intención de favorecer a las multinacionales, no existió un llamado a la movilización por parte de la fuerza ganadora para hacer cumplir los términos de la nueva Constitución. Por el contrario, primero, el gobierno electo le recomendó al entonces Presidente Jorge Batlle que aplicara la reforma cuando éste había perdido toda legitimidad y su partido venía de recibir la más abrumadora derrota de la historia-; luego, cuando Batlle lo quiso hacer a su manera, le recomendó que “no innovara”, o sea, que dejara todo como estaba, permitiendo que las multinacionales se envalentonaran en sus exigencias. El EP- FA- NM no exigió que el tema estuviera entre los que debía resolverse durante la transición, menos aún presionó para que se cumpliera la reforma tal como se debía. Fiel a sus dichos antes del triunfo, el gobierno de Tabaré Vázquez, preparaba el camino del “respeto al contrato” existente con la más grande multinacional que opera en el país: la empresa Suez.
¿Qué pasaba con la mayoría de los militantes de la fuerza política que trabajaron para hacer posible el triunfo del plebiscito? Justificaban aquellos dichos de la campaña como “una táctica para no asustar a los inversores antes de ganar”, desconfiaban - y con razón- del presidente Jorge Batlle pero no comprendían las propuestas contradictorias de “su gobierno”; esperaban que, cuando asumiera, las cosas se iban a aclarar, definitivamente...
Por esa razón, muchos terminaron más que sorprendidos, desconcertados y golpeados, cuando el 20 de mayo, el Poder Ejecutivo -actuando en Consejo de Ministros- con la firma de todos sus integrantes, lanzó el decreto en base a un criterio interpretativo que no respondía al mandato clarísimo de la Reforma y que sus militantes habían defendido en las charlas de sus comités de base, cuando repartían los volantes de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida, cuando colocaban las balconeras del Agua en sus casas...
De acuerdo a las intenciones del gobierno, toda la población tenía que entender “a la fuerza” que por este decreto inconstitucional, sólo caerían por la Reforma las empresas pequeñas que proveen de agua potable en el país; que se debía transferir URAGUA al Estado pero no por la reforma, sino por Incumplimiento de Contrato; y, tercero, que se mantendría Aguas de la Costa, filial de Aguas de Barcelona asociada a la multinacional Suez, hasta el vencimiento del contrato en 2018!!!
Verdaderamente un abuso interpretativo, difícil de digerir, que nada tiene que ver con la Voluntad Popular del 64, 7 % de la ciudadanía, un porcentaje mayor del que recibió la fuerza política que ganó el gobierno.
Pero, ¿cómo? - razonaron algunos frenteamplistas - ¿acaso las primeras que debían irse del país no eran las multinacionales, URAGUA y AGUAS DE LA COSTA, sobre todo esta filial de la SUEZ que - al igual que en el resto de la región - sus altísimas tarifas son impagables por los vecinos y le niega el acceso al agua potable y al saneamiento a más de 700 familias pobres al Este del Arroyo Maldonado, que ha hechos estragos en el medio ambiente, secando la Laguna Blanca y contaminando con materia fecal las playas de la zona?
La confusión reinó, la resolución del gobierno paralizó y la mayoría de la población sigue esperando a ver qué pasa, sencillamente, porque aún predomina la confianza. Por eso es que, a pesar de la respuesta inmediata de la Comisión en defensa del Agua y de la Vida y los vecinos de Maldonado que presentaron un Recurso Revocatorio al Decreto del 20 de mayo, no ha sido considerado por parte del Ejecutivo que tenía plazo hasta el 31 de octubre y cuyo reclamo pasará al Tribunal de lo Contencioso para hacerlo demorar por años....
Sin embargo, hubo centenares de luchadores que acompañaron a los vecinos de Maldonado que organizados en la Comisión Departamental en Defensa del Agua y la Vida – con apoyo de la Comisión Nacional - se lanzaron en dos oportunidades a una larga caminata de 180 km desde aquel departamento hasta el Edificio Libertad, pasando por múltiples pueblos y balnearios, impulsando charlas, talleres y divulgación de volantes exigiendo al gobierno la caída del Decreto Inconstitucional y la expulsión de las multinacionales que operan en el país. Las marchas llegaron a la sede del Ejecutivo, el Edificio Libertad el día de conmemoración de la Huelga General de 1973 contra el golpe de Estado, y el 31 de octubre cumplido el año del triunfo del plebiscito y del gobierno de la izquierda.
La primera marcha a pie de los vecinos de Maldonado fue la que provocó que el Presidente Tabaré Vázquez – que hasta ese momento había negado cualquier entrevista a la Comisión Nacional, antes y después de las elecciones – solicitara, por intermedio de la dirección de la central obrera - PIT-CNT para el 22 de junio, primer día de la marcha, una entrevista con delegados de Federación de Funcionarios de OSE en el local de la central. El último día de la marcha, el 27 de junio, autoridades del gobierno reciben a delegados de Maldonado y de la Comisión Nacional en el Edificio Libertad.
¿Qué plantearon el Presidente y los demás representantes el Gobierno en esas dos oportunidades? ¿Cuáles fueron los planteos de los representantes de la Comisión Nacional y Departamental del Agua?
Las autoridades ofrecieron una instancia de diálogo con representantes de los ministerios y parlamentarios de la bancada del gobierno con el supuesto objetivo de avanzar en la aplicación de la Reforma Constitucional y la elaboración de la Política de Aguas, reconociendo, además, que el Decreto del Ejecutivo “no estaba firme” porque se le habían interpuesto varios Recursos Revocatorios. Además comprometen que, en esas instancias de diálogo con parlamentarios, se informaría sobre la posición definitiva del Ejecutivo con respecto al decreto.
Los representantes de la Comisión Nacional y Departamental hicieron saber que mantienen la lucha por la caída del decreto del 20 de mayo y denuncian la existencia en el país y de su funcionamiento en la sede del MERCOSUR – con la participación de algunos representantes del gobierno - , de la Asociación Uruguaya del Agua – filial de la Global Water Partnership (GWP), organización internacional que defiende la privatización del agua en consonancia con la orientación del Banco Mundial.
En el correr de los últimos meses, la instancia de diálogo consistió en varias reuniones con los parlamentarios, delegados del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y del Ministerio de Transporte – Hidrografía. Se presentó un proyecto de Ley para ser incorporada en el Presupuesto Nacional. La propuesta se redujo a la creación de una Dirección Nacional de Aguas y Saneamiento DINASA en el ámbito del Ministerio de Vivienda, ordenamiento territorial y Medio Ambiente –MVOTMA-, que no fue apoyada por la Comisión Nacional pues no responde al mandato constitucional y exige un necesario debate con participación de la ciudadanía. La Comisión Nacional está elaborando un proyecto de Ley que tenga en cuenta los criterios planteados por la Reforma constitucional y que divulgará y pondrá a discutir por toda la población.
En ninguna de las instancias que se concretaron, hubo la más mínima alusión a la respuesta del gobierno con relación al Decreto inconstitucional del 20 de mayo que cumplidos los plazos, el Ejecutivo mantiene.
El tan anunciado traspaso de la empresa multinacional URAGUA al Estado – por parte de OSE - se ha concretado hace un mes. Quienes tuvieron real derecho a festejar la expulsión de la multinacional del país, fueron aquellos que pelearon para concretar la Reforma Constitucional, en especial los trabajadores de OSE y los vecinos de Maldonado, porque los incumplimientos de URAGUA vienen de lejos: fue observada por el Tribunal de Cuentas, no concretó las obras del colector acuático, fue reconocido su incumplimiento por el ex ministro de economía del partido Colorado, Dr. Atchugarri, en el 2003. Sin embargo, el actual gobierno negoció devolverle 15 millones de dólares, cuando de lo que se trataba en este caso era de expulsarlos del país por incumplimiento.
A pesar de que se logró la expulsión de URAGUA, el mecanismo jurídico que el gobierno resolvió para su salida del país fue decidida sin consulta ni participación alguna de la población y con el rechazo de los trabajadores de OSE. El gobierno presentó una Ley que fue votada en el Parlamento, que no cuenta con el apoyo de la Comisión Nacional en defensa del Agua y la Vida, ni de los trabajadores de FFOSE. Dicha Ley plantea la creación de una Unidad Ejecutora Desconcentrada con participación de representantes del Directorio de OSE y de la Intendencia de Maldonado y mantiene las empresas tercerizadas que funcionaban en la empresa privatizada. Todos los trabajadores pasaron a ser “contratados, eventuales y zafrales” sin los derechos de los empleados públicos, con total inseguridad laboral y profundizando la desigualdad con el resto de los trabajadores de OSE.
Por otro lado, la empresa AGUAS DE LA COSTA siguen operando en Maldonado y la lucha para hacerlas caer sigue tan vigente como antes del triunfo del plebiscito.
Esta situación planteada hoy, a un año del triunfo del plebiscito, exige un debate a fondo con toda la población, a través de las organizaciones sociales, sindicales y políticas para retomar con fuerza la organización y movilización que haga posible la caída de Aguas de la Costa- filial de la multinacional SUEZ, y logre elaborar una Política Nacional de Aguas con participación de la población. La creación de más comisiones barriales, zonales y departamentales permitirán llevar a cabo el plan de movilización y la exigencia del cumplimiento del mandato popular, tal como se demostró en la marchas de los vecinos de Maldonado. Está planteada la necesidad de fortalecer la organización – independiente de los partidos políticos y del gobierno - para apoyar desde cada barrio y cada lugar del interior las movilizaciones que hagan posible el verdadero triunfo.
Ganar esta batalla para expulsar a las multinacionales del Agua del país, fortalecerá aún más en una lucha más dura contra de todos los intentos por dominar los recursos naturales por parte de los organismos de crédito y las potencias imperialistas mundiales, como sucede en la Comisión que investiga el Sistema Acuífero Guaraní con financiamiento y control del Banco Mundial, o con el objetivo del gobierno de hacer aprobar – con apenas una pequeñas modificaciones- el Tratado de Protección de Inversiones con EEUU que pretende poner los recursos – incluida el agua – como objeto de sus inversiones, en oposición fragrante con la voluntad popular.
Noviembre de 2005
[1] Docente, Licenciada en Ciencia Política. Integrante de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida – Uruguay. Integrante del Equipo de Colaboradores de Herramienta.
* Nueva versión actualizada de un artículo presentado en debates realizados durante la campaña por el Plebiscito de Reforma Constitución del Agua en Uruguay.-
[2] (Wolfensohn, James D. - Presidente del Banco Mundial - "Coaliciones para el cambio". Discurso ante la Junta de Gobernadores. Washington, D.C. 28 de setiembre de 1999.)
[3] “...bajo qué circunstancias todos los productos o la mayor parte de ellos adoptan la forma de mercancía (¿?...) ello no ocurre sino sobre la base de un modo de producción absolutamente específico, el modo de producción capitalista” Carlos Marx.- El Capital.- Libro I.- Cap.IV
[4] Ver amplia información, 230 artículos, de más de 140 autores en http://www.visionesalternativas.com/militarizacion
[5] Diario La Nación, Buenos Aires, 10-8-04
[6] Carlos A. Pereyra Mele (Bol press) en Comcosur / Montevideo – 31 de julio de 2005 .
[7] “El Banco Mundial está obteniendo un ADN del Guaraní y tiene hasta el 2008 para recolectar información que luego será de uso exclusivo y a la cual no vamos a poder acceder” afirma Efraín Dávila, integrante del Movimiento Grito de las Aguas. (Martínez Larroca y Maximiliano Martínez- Sistema Acuífero Guaraní – La sed de apropiarse del agua- Le monde diplomatique / el dipló/ agosto 2005).
[8] http://www.gwpcentroamerica.org/gwp
9 Le Monde Diplomatique – el dipló – agosto 2005
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