Colombia

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2-12-09


Colombia: Nariño - Esquina suroccidental del conflicto

Nariño es un escenario donde con mayor grado actualmente se presenta la confrontación armada, el desplazamiento forzado y el aislamiento poblacional, configurándose una grave crisis humanitaria

Freddy Ordóñez Agencia Prensa Rural 2-12-2009 a las 20:01 231 lecturas
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Recientemente el país ha volteado la mirada a la esquina suroccidental de nuestro territorio, a los departamentos de Cauca y Nariño. El desarrollo de la confrontación armada en estos departamentos se volvió noticia, y ha generado un gran interés en el año. En el caso de Nariño, departamento objeto de este análisis, a partir del asesinato de ocho indígenas awá, a manos de las FARC a principios del 2009. Posteriormente, en otro hecho, fueron asesinadas seis personas en el área rural del municipio de Tumaco. Al parecer los responsables del crimen serían integrantes de grupos paramilitares que operan en la región. Este hecho igualmente atroz no recibió el cubrimiento ni el despliegue mediático que suscitó el anteriormente reseñado, cubrimiento que sí obtuvo la reciente quema de un bus a manos del grupo insurgente en Ricaurte, donde fallecieron seis civiles. Contrariando este último hecho, diferentes desplazamientos, amenazas, homicidios y confinamientos se han presentado en Nariño a manos de otros grupos armados sin que sean visualizados ni objeto de mayor seguimiento por parte de los medios masivos de comunicación, los cuales terminan sumándose a la versión oficial: los hechos producidos por los grupos armados –diferentes a las FARC- contra civiles son resultado de retaliaciones entre grupos irregulares.

Efectivamente, las reseñas mediáticas hechas sobre la dinámica de la confrontación armada en el departamento han apuntado a indicar que ésta depende y obedece a la dinámica de los cultivos de uso ilícito y del tráfico de estupefacientes, lo que acarrea que el conflicto armado se contemple como dependiente del narcotráfico –o para algunos “narcoterrorismo”– eliminándole componentes sociopolíticos al mismo. Con este enfoque las víctimas de las partes en confrontación pasan de tener esta calidad (de víctimas), a ser simplemente “bajas justificables” (retaliaciones) en una guerra por el control de rutas, cultivos y territorios.
Considero importante, para efectos del análisis de la confrontación armada en Nariño, señalar algunos elementos que pueden dar un panorama más amplio ante tan compleja situación. Estos elementos están relacionados con la precaria situación socioeconómica; la condición geoestratégica departamental; la dinámica del conflicto en otros departamentos y la presencia estatal del gobierno central con un componente fundamentalmente militar y represivo.

La precaria situación socioeconómica

En primer lugar, en lo concerniente a la precaria situación socioeconómica, tenemos que Nariño ha vivido un rezago técnico-científico, industrial y comercial, la pobreza tiene un carácter estructural, como muestra de las precarias condiciones socioeconómicas tenemos:

i) Nariño tiene una participación en el Producto Interno Bruto del 1,72% del total nacional [1], cifra bastante inferior si se compara con otros departamentos de la región andina como Antioquia (14,77%), Boyacá (2,55%), Bogotá DC (26,15%), Cundinamarca (5,39%), Santander (6,01%), y Tolima (2,17%) [2].

ii) La industria y el comercio son en general de tamaño reducido, sobresaliendo la manufactura en cueros y la tala de maderas. Esta falta de tecnificación e industria lleva a que sólo 428.788 personas se encuentran laborando según el DANE [3], que también señaló que Pasto, para el periodo enero – diciembre de 2008, fue una de las tres ciudades metropolitanas, de un total de 13, que registró mayor tasa de desempleo (14,1%), por debajo de Ibagué (19,4%) y Manizales (14,5%) [4].

iii) El 25,9% de la población habitante de las cabeceras municipales presenta Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), mientras que en áreas rurales el porcentaje llega al 59,4, para un total departamental de 43,7%, cifra que entre los departamentos del suroccidente colombiano es bastante elevada y sólo es superada por Cauca con un índice poblacional del 46,4% de NBI. Aunado a estas precarias condiciones se tiene que el 27,4% de la población se encuentra en situación de miseria [5].

iv) En cuanto a servicios básicos, según el DANE, solamente el 46% de las viviendas censadas tienen todos los servicios: energía, acueducto y alcantarillado. Este porcentaje desciende drásticamente en las áreas rurales (13,5%), donde además el 85,7% de los hogares no tiene servicio de alcantarillado, un 46,8% no cuenta con acueducto y el 94,4% no posee teléfono fijo. Las cifras tampoco son gratificantes en cuanto a la alimentación, pues mientras el promedio nacional de desnutrición es del 13,5%, en Nariño prevalece la desnutrición crónica con un 24,5% [6].
Sumado a lo anterior habría que referirse a las ruinas dejadas por el desastroso huracán del fenómeno de las pirámides, las cuales en el departamento, según señala el mismo gobernador, Antonio Navarro, recaudaron $400 mil millones. En los 25 municipios más importantes del departamento operaron 27 captadoras de dinero, que llegaron a tener hasta 89 oficinas. DRFE, tal vez la más importante que operó en Nariño, llegó a operar en 29 sucursales. En el departamento el 65% de las familias habría invertido en pirámides, y en Pasto el porcentaje fue de 85%.La ubicación geoestratégica del departamento

Como un segundo punto, tenemos la ubicación geoestratégica del departamento, la cual ha hecho que su control sea objetivo de los diferentes grupos armados. Los actores armados que se encuentran en Nariño son además de las estatales (FFMM y la Policía Nacional), los grupos guerrilleros FARC-EP (Frentes 29, 8, 63 y 2) y ELN (Columnas Comuneros del Sur, Mártires de Barbacoa y Héroes de Sindagua); los grupos reconstituidos de paramilitares [7]: Organización Nueva Generación, Águilas Negras, Recomposición Paramilitar y Autodefensas Campesinas de Nariño; y las estructuras armadas del narcotráfico Los Rastrojos y Los Machos.

Es evidente que la posición geográfica del departamento hace que el control territorial actualmente sea disputado entre las diferentes partes en confrontación (guerrillas, Fuerzas Militares, paramilitares) y los grupos armados vinculados al narcotráfico, ya que el territorio nariñense permite el cultivo de coca y amapola, así como la implementación de laboratorios para el procesamiento de sus productos; el tráfico de precursores para el perfeccionamiento de alcaloides, y la salida al exterior de los mismos; el tráfico de municiones y armas; el uso de la zona de frontera como retaguardia estratégica y centro de abastecimiento de grupos insurgentes; y el monitoreo de los movimientos del Ecuador, país cuyo gobierno es de tendencia política diferente a la de Colombia y visto como uno de los opositores a los planes norteamericanos para Suramérica, entre otras razones que pueden llegar a tener algún tipo de peso o importancia para cada uno de los diferentes grupos armados, de acuerdo con sus intereses.

En este orden de ideas tenemos que el tema del narcotráfico, en efecto, está muy ligado a la dinámica de la confrontación y a la crisis humanitaria regional, aunque no las determina. Desde finales de los 90 se presentan en el departamento cultivos de uso ilícito, los cuales experimentaron desde el 2000 un crecimiento significativo, esto directamente relacionado con la consolidación territorial realizada por las AUC en diferentes subregiones. La extensión de los cultivos de uso ilícito llevó a que Nariño ocupara en el 2005 el segundo lugar (después del Meta) entre los departamentos con mayor cantidad de hectáreas sembradas, hallándose cultivos de coca en 21 municipios y de amapola en 20 [8]. En el 2007 Nariño ocupa el primer lugar, con 20.259 hectáreas. Tumaco es el segundo municipio de Colombia con área de cultivo, equivalente al 5,2% nacional [9]. Las hectáreas sembradas con coca fácilmente pueden llegar en el departamento a pasar las 30 mil, a pesar de que, entre los años 2002 y 2007, se fumigaron 239.948 hectáreas, siendo el departamento más fumigado del país, y que entre los años 2004 y 2007 se erradicaron manualmente 27.379 hectáreas [10].

Con el establecimiento de los cultivos de uso ilícito, los diferentes grupos se han disputado el control sobre las áreas sembradas, los obreros de la hoja de coca, los centros de acopio y distribución, los insumos químicos y los circuitos de procesamiento y comercialización del alcaloide.

La confrontación ha tenido en el departamento como principales escenarios:
Las vías fluviales que comunican el suroccidente del país con la Costa Pacífica y la frontera con la república de Ecuador;
La subregión de la cordillera con el piedemonte costero;
El oriente nariñense y Putumayo con la salida al Pacífico [11].

La dinámica alcanzada por el conflicto en otros departamentos

El tercer elemento es la dinámica alcanzada por el conflicto en otros departamentos. “Tales como el incremento en la lucha antinarcóticos en el departamento del Putumayo, o el fortalecimiento de la presencia de grupos de autodefensa en el sur del departamento del Cauca, tanto en el litoral como en la zona cordillerana de El Tambo y El Patía, o incluso las disputas registradas en el sur del Chocó y en la costa Pacífica del departamento del Valle” [12].
Por ejemplo en el Chocó, la dinámica ha apuntado de años atrás a la disputa de territorios de titulación colectiva, en los que se presenta la implementación de cultivos agroindustriales (palma aceitera y caucho), así como cultivos de coca y de amapola, lo que se traduce en amenazas a población campesina, afrodescendiente e indígena que ha debido desplazarse hacia otras zonas del Pacífico colombiano, como es el departamento de Nariño, que también ha recogido el impacto de la confrontación en otras zonas del Pacífico, como es el municipio de Buenaventura en el Valle del Cauca.

La implementación de los programas de erradicación de cultivos de coca en Putumayo trajo consigo el incremento de las hectáreas de coca y amapola en el departamento, aunado a esto se presenta la recepción de pobladores que salen desplazados del vecino departamento, principalmente a causa de las fumigaciones.

La presencia estatal con un enfoque fundamentalmente militar y represivo
Finalmente, en cuarto lugar, tenemos la presencia estatal con un enfoque fundamentalmente militar y represivo. El Gobierno, en el marco de la política de “seguridad democrática”, a partir del desarrollo del Plan Patriota en Putumayo y de la securitización de los asuntos fronterizos ha aumentado el pie de fuerza en el departamento, con el fin de restarle territorios a la insurgencia, que progresivamente se fue trasladando desde Putumayo hacia Nariño.
Por otra parte, la militarización también ha tenido origen en el asegurar la realización de diferentes proyectos de integración comercial, infraestructural y vial regional, que tienen componentes a desarrollar en el Pacífico y la Amazonia colombiana. Estos proyectos forman parte de la llamada “Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA)” y están contemplados dentro del “Programa Corredores Arteriales Complementarios de Competitividad Plan Decenal 2007-2016”, e incluyen el desarrollo de la carretera Pasto – Mocoa y el Sistema Portuario Tumaco, como parte de procesos de revalorización espacial a partir de las políticas de estado que buscan insertar la cuenca Pacífica al desarrollo regional e internacional, rompiendo el sentido de colectividad en los pueblos indígenas y afrodescendientes, las prácticas tradicionales de reproducción y los procesos de asociación comunitarios.
Los operativos militares desarrollados por la Fuerza Pública, han contenido enfrentamientos con grupos ilegales, en escenarios donde tiene presencia la población civil, presentándose daño y destrucción de sus bienes, desplazamientos, confinamientos; así como acciones de retaliación, amenazas y asesinatos por parte de los actores ilegales.
Los enfrentamientos y la disputa por el dominio territorial han traído el incremento de la persecución a líderes de las organizaciones sociales, comunitarias, de población desplazada y defensoras de derechos humanos, especialmente de población afrodescendiente e indígena.
Estos elementos referidos permiten tener un panorama de observación más amplio a la hora de abordar la dinámica de la confrontación, del desplazamiento forzado y del confinamiento poblacional.Dinámica de la confrontación y el desplazamiento forzado.

Con anterioridad a la desmovilización del Frente Libertadores del Sur de las AUC, la confrontación armada entre este grupo y las guerrillas llevó a que se incrementaran la amenaza y la vulneración de derechos de los pobladores, identificándose al interior del departamento subregiones en las que la población civil resultaba más golpeada por la dinámica de la confrontación, como es el caso del Pacífico nariñense, donde los habitantes han sido víctimas de amenazas, homicidios, desplazamientos y masacres.

A partir del año 2000 el departamento ha reportado un aumento en los homicidios, pasando de una tasa de 30,3 en el 2003 a una tasa de 45,6 en el 2006, superando así la tasa nacional en 8 puntos. Del mismo modo, 24 municipios nariñenses superaron la tasa nacional de homicidios ese mismo año, dándose un incremento en las masacres, así como los homicidios selectivos efectuados mediante sicariato, siendo estos últimos atribuidos a los diferentes actores armados ilegales [13].

Los grupos guerrilleros, principalmente las FARC-EP, buscaban consolidar y expandir el dominio territorial en diferentes regiones, especialmente en cascos urbanos municipales. Las guerrillas frecuentemente se convirtieron en autoridad “de facto”, amenazaban incursionar o se tomaban cabeceras municipales (con el argumento de atacar a la Fuerza Pública presente en sus cascos urbanos), lo que conllevó el desplazamiento forzoso de la población. Estos hechos se presentaron en municipios como Buesaco, Barbacoas y Cumbitara [14].

Desde finales del 2005 los grupos armados ilegales han retomado procedimientos de crueldad y sevicia en sus acciones contra la población civil, especialmente por parte de las nuevas estructuras paramilitares, como son las prácticas de desmembramiento de sus víctimas y la desaparición de cadáveres arrojándolos a los ríos. Este es el caso del municipio Olaya Herrera, donde las autoridades denuncian la ocurrencia del hecho una o dos veces por semana, observándose de dos a tres cadáveres bajar por las aguas del río Sanquianga con rumbo al Pacífico [15].

En lo que respecta al desplazamiento forzado, en el 2006, en zonas de influencia del ELN de la costa nariñense se presentaron desplazamientos individuales y desplazamientos intraveredales que no se registraron. El principal origen de éstos fue el temor a los reclutamientos forzados efectuados por el grupo guerrillero. Las amenazas siguen siendo una de las razones para desplazarse, caso significativo el de Tumaco, municipio que registró dos desplazamientos masivos debido a la llegada de un grupo ilegal que profirió intimidaciones a la comunidad [16].

El accionar de los diferentes grupos armados ilegales y de las Fuerzas Militares llevó a que el desplazamiento forzado tuviese un abrupto crecimiento a partir del 2001. Posteriormente el desarrollo se da de manera exponencial, presentándose el pico más alto en el 2007, con 34.829 desplazados, cifra que fue la mayor a nivel nacional para ese año [17].

Entre los años 1997 y 2008, la cantidad de población desplazada de manera individual supera a la que salió en eventos masivos (81.831 y 33.311 respectivamente). El desplazamiento forzado individual en los últimos tres años ha mantenido una cifra promedio de 16.959 personas. Por otra parte, la mayor suma de población desplazada masivamente se dio en el año 2007 (19.499), como resultado principalmente de diferentes operativos realizados por las FFMM contra la guerrilla en la zona costera.

En cuanto a grupos de edad, la migración forzada, de 1997 a 2008, ha afectado en Nariño principalmente a población entre los 5 y los 14 años, con una participación porcentual del 27,3 presentándose porcentajes mayores a los niveles nacionales en los rangos de edad entre los 5 y los 44 años (excepto en el quinquenio 15 a 19 años).Desplazamiento y despojo de tierras

Los grupos armados ilegales hacen uso del desplazamiento poblacional, en buena parte de Nariño como mecanismo de control territorial y apropiación de la tierra [18]. En municipios del área andina los paramilitares ampliaron su dominio comercial no sólo en esferas de la producción y tráfico de narcóticos, sino también en el comercio de bienes y servicios de tipo “legal”, estableciendo mecanismos contractuales e intermediaciones que financieramente ahogaron al campesinado, quienes ante las deudas contraídas con el grupo, fueron despojados de sus tierras por medio de ventas simuladas o falsas donaciones.

Por otra parte, en territorios colectivos de comunidades afrocolombianas, no sólo las estructuras armadas ilegales han despojado de sus territorios a los pobladores: a estas se han sumado empresas, como las agroindustriales. Ejemplo de esto se da en el municipio de Tumaco, donde:

Un informe de Corponariño publicado en 2007 revela que [a nivel municipal] “en el año 1994 el 91,3% de los predios eran minifundios. En la actualidad se han reducido a 21,7%, puesto que los predios de minifundios fueron negociados para la siembra de palma aceitera y cría de camarón en cautiverio”. Según una investigación realizada por la Diócesis de Quibdó y la organización no gubernamental Human Rights Everywhere (HREV), “el modelo de plantaciones en Tumaco ha supuesto la tala de bosques y el drenaje de los suelos (para sembrar 546 hectáreas de palma aceitera se hicieron 86 kilómetros de drenajes y 11 kilómetros de carreteras); el desplazamiento de campesinos hacia el área urbana de Tumaco; la utilización de sicarios para presionar a los campesinos para que vendieran sus tierras, y una serie de violaciones a los derechos laborales y de asociación” [19].

Confinamiento poblacional

En el otro extremo de la guerra, el confinamiento poblacional en Nariño ha encontrado origen en diferentes medidas efectuadas por los actores armados, principalmente: a) El minado de territorios [20]; b) la prohibición de circulación fluvial o terrestre durante horas o días determinados; c) el control y limitación a las cantidades de víveres, medicamentos, combustibles, vestuario e insumos agrícolas que pueden ser transportadas [21]; y d) la confrontación armada como tal. Del confinamiento han sido principalmente víctimas los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y mestizas, tanto de la costa como de la zona andina y fronteriza.

El caso de los indígenas awá

Un caso especialmente reseñado por la Defensoría del Pueblo es el de la comunidad indígena awá. En agosto de 2008, 18 mujeres pertenecientes a los resguardos Inda Sabaleta e Inda Guacaray, fueron amenazadas por las FARC, por su presunta colaboración con miembros del Ejército Nacional. Los grupos armados presionan a los awá para que les apoyen exclusivamente, construyendo y definiendo liderazgos serviciales. El grado de desamparo estatal vivido por esta comunidad y el escalamiento del conflicto en sus territorios los ha llevado al suicidio: “Como producto de los impactos ocasionados por la confrontación armada, las condiciones de vulnerabilidad estructural y el estado de indefensión del pueblo indígena, se han presentando una serie de suicidios al interior de los resguardos. Desde agosto de 2008 a la fecha, se han suicidado más de 20 jóvenes de ambos sexos” [22].

El 6 de febrero de este año, la Columna Mariscal Antonio José de Sucre de las FARC asesinó a ocho indígenas awá, en Barbacoas (Nariño), por su supuesta colaboración con las Fuerzas Militares. Según el comunicado emitido por el grupo subversivo, los indígenas “realizaban exploraciones, ubicaban a la guerrilla y luego iban las patrullas del Ejército para golpearnos. Individual y luego en colectivo, todos ocho confesaron que desde hacía dos años trabajaban con el Ejército en esa labor” [23].
Por su parte el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos señaló que: “la actitud de la comunidad indígena es de no colaborar con las autoridades que tratan de ir a recuperar los cadáveres (...) vamos a intentar convencerlos de que la política de Seguridad Democrática es para todos los colombianos y que si no colaboran no podremos proteger sus derechos" [24], pronunciamiento que coloca en un riesgo mayor a la comunidad indígena, si se toma en cuenta los reiterados señalamientos en su contra hechos por las FARC.
Por otra parte, el 26 de agosto en el resguardo indígena Gran Rosario del municipio de Tumaco, hombres encapuchados y vestidos de camuflado, asesinaron a 12 indígenas Awá: seis adultos y seis niños, y tres integrantes de la comunidad resultaron heridos. La comunidad denuncia que el objetivo de la masacre era asesinar a una testigo en el homicidio de un indígena ocurrido el 23 de mayo por el Ejército Nacional.

En resumen, Nariño es uno de los escenarios donde con mayor grado actualmente se presenta la confrontación armada, el desplazamiento forzado y el aislamiento poblacional, configurándose una grave crisis humanitaria y de derechos humanos cuya magnitud y elementos son únicos en el país, pero a su vez, son fiel reflejo de la situación vivida en el suroccidente colombiano y en otras zonas de Colombia (específicamente fronterizas y rurales) y por población especialmente vulnerable (afros, mujeres e indígenas) a partir de la profundización y escalamiento de la confrontación, promulgada por el régimen actual, lo que hace urgente salidas políticas a la guerra e inversión real hacia la población económica y humanitariamente vulnerable.

[1] Gobernación de Nariño, http://www.gobernar.gov.co/gobernar/index.php?option=com_content&task=view&id=739&Itemid=190 Fecha de consulta: febrero 9 de 2009.
[2] DANE, http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/pib/departamentales/PIB_TOTAL-Y-PARTICIPACION_2000-2006/PIB_TP_PreciosConstantes_00_06.xls Fecha de Consulta: febrero 11 de 2009. Las cantidades presentadas son a precios constantes de 2000.
[3] DANE, http://www.dane.gov.co/censo/files/libroCenso2005nacional.pdf Fecha de consulta: febrero de 2009. La cifra refiere a la población cuya actividad realizada la semana anterior a ser censados fue trabajar.
[4] DANE, “Principales indicadores del mercado laboral”, diciembre de 2008, En: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_ech_dic08.pdf Fecha de consulta: febrero 11 de 2009.
[5] Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, Diagnóstico departamental Nariño. En: http://www.derechoshumanos.gov.co/observatorio_de_DDHH/departamentos/2007/narino.pdf Fecha de consulta: febrero 9 de 2009.
[6] Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia – Oficina en Colombia, http://www.unicef.org.co/Gobernadores/DEPARTAMENTOS/NARINO/2.pdf Fecha de Consulta: febrero 10 de 2009.
[7] El 30 de julio de 2005, se desmovilizaron 677 hombres del Frente Libertadores del Sur, del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Como pasó en otras regiones del país, la desmovilización “formal” de este grupo no implicó la culminación real del paramilitarismo. El Octavo Informe Trimestral de la MAPP/OEA, con fecha de febrero de 2007, indica la presencia verificada del rearme de estos grupos en el departamento de Nariño, mediante la denominación de Organización Nueva Generación (ONG), que tendría en sus filas 300 hombres. El mismo informe emite una Alerta de Rearme ante la presencia de cien hombres armados que controlarían economías ilícitas en los municipios de Mosquera y Pizarro. Adicional a esto una investigación de la revista Cambio de junio de 2006 señala la presencia de una organización paramilitar llamada “Recomposición Paramilitar”, bajo el mando de antiguos jefes del Bloque Libertadores del Sur, y que tendría incidencia en los municipios Cumbitara, Policarpo, Iscuandé y Maguí. Por otra parte, el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo indica que en Nariño operan, además del grupo autodenominado ONG, otras organizaciones como Mano Negra y las Águilas Negras.
[8] Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES, En los límites del Plan Ecuador, Bogotá, CODHES, 2007. pp. 79 – 80.
[9] Salazar Rogelio, “Colombia, la frontera Sur y la guerra”, en Desde Abajo, Edición No. 144, marzo 17 a abril 17 de 2009. p. 19.
[10] Gobernación de Nariño, Plan de Desarrollo Departamental. p. 34.
[11] Defensoría del Pueblo, Informe de Riesgo No. 065-05 AI, diciembre 28 de 2005.
[12] Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados, ACNUR, Balance de la política pública para la atención integral al desplazamiento forzado en Colombia enero 2004 – abril 2007, Bogotá, ACNUR, 2007. p. 76.
[13] Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, Diagnóstico departamental Nariño, 2007. p. 3.
[14] Defensoría del Pueblo, Alerta Temprana No. 005, enero 22 de 2002; Alerta Temprana No. 018, febrero 13 de 2002; Informe de Riesgo No. 052-03, julio 8 de 2003.
[15] Defensoría del Pueblo, Informe de Riesgo No. 065-05 AI, diciembre 28 de 2005.
[16] Defensoría del Pueblo, Decimocuarto informe del Defensor del Pueblo al Congreso de la República, Bogotá, Imprenta Nacional, 2007. p. 76.
[17] En efecto Nariño en el 2007, con 34.829 desplazados, presentó el mayor número de población expulsada por causa del conflicto entre los departamentos, seguido por Magdalena (29.720), Antioquia (26.292) y Tolima (21.001). Fuente: SIPOD. Fecha de corte: Enero 31 de 2009.
[18] En Nariño se viene presentando, según la Gobernación, una relativa democratización en la propiedad legal de la tierra, pues “la pequeña propiedad rural y la propiedad comunitaria, en su conjunto, representan el 84% del total de hectáreas de la superficie rural del departamento”. Gobernación de Nariño, Plan de Desarrollo Departamental. p. 23. Esta democratización legal contrasta con la tenencia y acceso material a la tierra, ya que según expresaron dirigentes de organizaciones de desplazados, las propiedades de las personas desplazadas se encuentran abandonadas o en otros casos se encuentran en poder de los grupos armados que hacen presencia en las regiones.
[19] Defensoría del Pueblo, Informe de Riesgo No. 029-08 AI, diciembre 4 de 2008.
[20] En cuanto a víctimas de minas antipersona, la Vicepresidencia de la República tiene una relación de 32 civiles muertos y 149 lesionados. Por otra parte, la Campaña colombiana contra minas regional Nariño, señala que entre el 1 de enero de 2005 y el 30 de abril de 2008 se han presentado 107 lesionados y 89 muertos por causa de minas antipersona. Gobernación de Nariño, Plan de Desarrollo Departamental. pp. 33 – 34.
[21] Estas restricciones han sido realizadas por las Autodefensas Campesinas de Nariño, en las cabeceras municipales de Francisco Pizarro y Mosquera, así como en las riveras de los ríos Patía, Satinga y Sanquianga. Defensoría del Pueblo, Informe de Riesgo No. 029-08 AI, diciembre 4 de 2008.
[22] Defensoría del Pueblo, Informe de Riesgo No. 029-08 AI, diciembre 4 de 2008.
[23] Columna Mariscal Antonio José de Sucre, FARC-EP, Comunicado, febrero 11 de 2009. Disponible en: Agencia de Noticias Nueva Colombia, ANNCOL, http://anncol.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=1835&Itemid=2 Fecha de consulta: Marzo 20 de 2009.
[24] Red de defensores no institucionalizados, Comunicado, disponible en: http://www.dhcolombia.info/spip.php?article730 Fecha de consulta: Marzo 20 de 2009.
http://www.prensarural.org/